Ofensiva de los padres para que el Consell acepte los portátiles en las aulas

VICTORIA BUENO Los padres de la provincia quieren para sus hijos de quinto de Primaria los ordenadores portátiles que prometió el presidente del Gobierno en el plan Escuela 2.0 para este curso, pero ven con alarma que el plazo para firmar el convenio estatal que dotaría de las nuevas tecnologías a los alumnos se acaba el próximo 1 de abril sin la firma del conseller, Alejandro Font de Mora, y su inquietud les ha llevado a lanzar una ofensiva común.
De la mano de la Federación Provincial de Padres Enric Valor, y tras acordarlo en distintas juntas, los padres de alumnos de más de un centenar de asociaciones en colegios e institutos de la provincia se están dirigiendo por escrito al conseller para "exigirle" y urgirle la firma del convenio, calificando de "inaceptables" las razones que dio Font de Mora para no firmar en su día: posible miopía y problemas de postura para los alumnos.
"La aceptación del convenio no implica la compra de un modelo concreto de ordenadores. Si le parece que un modelo no cumple los mínimos requisitos de seguridad -le dicen los padres en sus escritos al conseller-, usted tiene la capacidad suficiente como para elegir otro modelo, ya que en el mercado podemos encontrar una gran variedad".
Llegan, incluso, a cuestionar que las razones del conseller para negar la firma sean más profesionales que personales y le sugieren que "la informática es nuestro presente y los niños nuestros futuro". La Fapa Enric Valor, con 150 entidades federadas en la provincia, según el registro de asociaciones de la Conselleria de Interior, lidera esta campaña que empieza a dar sus primeros pasos y a la que ya se han adherido el IES Canónigo Manchón de Crevillent, el colegio Françesc Cantó de Elche, la Fapa local de Santa Pola o el colegio El Palmeral de Alicante.
Sin formar parte de esta federación, también la AMPA del colegio Mora Puchol de Alicante ha remitido un comunicado al conseller, en la misma línea de pedir los ordenadores y añade que se produce una "discriminación a nuestros alumnos, frente a los de otras comunidades" dado que las demás han formado el convenio estatal, a excepción de la propia Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia. El ministerio dotaría con 12 millones de euros los portátiles para la Comunidad Valenciana.