J. A. MARTÍNEZ/D. NAVARRO
La provincia de Alicante lideró el año pasado en la Comunidad Valenciana el número de familias que se veían obligadas a acudir a un concurso de acreedores en el juzgado al verse incapaces de pagar sus deudas. Según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística, durante 2009 fueron un total de 36 familias las que suspendieron pagos, lo que supone un aumento de diez respecto a 2008. En Valencia fueron 24 los procedimientos iniciados por familias, mientras que en Castellón fueron 18. En toda España fueron casi un millar de familias las que se declararon en suspensión de pagos, un 132% más que en 2008. Judicialmente se ha notado que ha sido el año de la crisis, ya que se registraron cifras récord en toda España.
Sin embargo, fuentes de los juzgados de lo Mercantil de Alicante precisaron que se trata de una tendencia que en los últimos meses se ha reducido. "Al principio, hubo un cierto "boom" porque muchos pensaban que de esta manera no iban a tener que pagar la hipoteca. Esto se ha frenado en cuanto se ha comprobado que no era así", señalaron. De esta manera, en lo que va de 2010 no se ha registrado ningún concurso iniciado por familias.
El número total de concursos de acreedores se duplicó en 2009 respecto al ejercicio anterior en la Comunidad Valenciana, hasta alcanzar los 808 procedimientos frente a los 390 de 2008, cifras que incluyen tanto a empresas como a particulares. De todos ellos, 214 eran de Alicante. La mayoría (50) se trataban de empresas de construcción, pero destacan otros 29 comercios al por mayor.
La Comunidad fue la tercera con mayor número de deudores concursados, por detrás de Cataluña (1.413) y Madrid (878), según la estadística. En el conjunto nacional, el número de empresas o personas que se declararon en concurso de acreedores alcanzó la cifra récord de 5.922 en 2009, lo que supone un aumento del 79,6% respecto al ejercicio anterior, cuando las insolvencias se triplicaron respecto a 2007.
Fuentes de los juzgados mercantiles de Alicante señalaron que los concursos presentados por empresas seguían entrando a un ritmo de uno o dos cada semana. "Se ha frenado el número de grandes empresas que suspenden pagos y ahora van entrando otras más pequeñas", explicaron.
Por su parte, el vicepresidente y conseller de Industria, Comercio e Innovación, Vicente Rambla, atribuyó el aumento de deudores concursados al "desconcierto y falta de confianza de la sociedad" ante las medidas "que anuncia o no se sabe si anuncia" el Gobierno central. Para el conseller, esos resultados que son un reflejo de lo que pasa en toda la economía de España, se deben a la "desconfianza muy grande de la sociedad y de los empresarios" con lo que anuncia el presidente del Gobierno y añadió que la Comunidad "no queda al margen" de este clima. "A mi me gustaría que las empresas estuvieran desarrollando una actividad económica, de producción y mantenimiento del empleo a satisfacción del conjunto de la sociedad", subrayó.
Una vía que no es válida para todas las situaciones
El presidente de la Comisión de Actuaciones Judiciales del Colegio de Economistas de Alicante, Antonio Rodríguez, asegura que los concursos de acreedores "no valen para todas las situaciones". Es más, en muchas ocasiones sólo sirven para retrasar el problema sin solucionarlo. Todo depende, explica Rodríguez, del origen de las deudas. "Cuando la principal carga es la hipoteca es preferible negociar directamente con el banco", sostiene el economista, ya que "tiene la consideración de crédito preferente, al tener una garantía real, y no se interrumpe el cobro de intereses y ni se puede conseguir una quita (reducción de la deuda)". Por el contrario, cuando las deudas se deben a créditos personales, compras financiadas o tarjetas de crédito sí que puede resultar interesante acogerse a esta medida. En este caso, los intereses dejan de acumularse en el momento en que se declara el concurso y se puede conseguir una importante rebaja de la cantidad adeudada, siempre que los acreedores acepten el plan de pagos propuesto.
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