La conjura de sus señorías

F. J. B. Quizá lo único que faltó fue el arroz con costra, plato estrella de la cocina ilicitana, en la mesa de Manuel Serrano y Ángel Urbina (de Riegos de Levante) por la que han pasado once de los doce diputados alicantinos -uno de ellos no ha acudido por razones de fuerza mayor-, que se han empapado bien de la trascendencia del Tajo-Segura para la provincia. Y es que cuando Ángel Urbina se empeña, se empeña. Carlos González, Juana Serna, Miguel Peralta..., y compañía, han visto esquemas, fotografías, han visitado El Hondo, el campo de Elche... y se han convencido de que en Madrid (hoy se reanudan las sesiones de trabajo en el Congreso), hay que batirse el cobre porque el agua del Tajo siga regando "la única agricultura española que no tiene subvención de la Unión Europea", terció ayer Ángel Urbina, quien fue el cicerone de sus "señorías", junto a Manuel Serrano, presidente de Riegos de Levante y vicepresidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.
Los diputados no quisieron confirmar cuál será el sentido de su voto cuando haya que pronunciarse sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha, pero se conjuraron para defender los intereses de la provincia y, en el tema del agua, "siempre con el cumplimiento de la Constitución como algo incuestionable. Estamos convencidos de que, ahora sí, los intereses de los agricultores del sur de la provincia van a estar bien defendidos en Madrid", sentenció Urbina.
Aunque no ha trascendido públicamente cuál será el sentido del voto de los diputados, el secretario provincial del PSPV, Jorge Alarte, ha pedido públicamente a sus compañeros en Madrid que voten en contra de cualquier limitación del trasvase. En el PP hay más ambigüedad. El conseller Juan Cotino tiene claro que la posición es la de los agricultores, pero no vota en Madrid. Los diputados alicantinos no se han pronunciado en público, pero en privado varios aseguran que su voto será contrario al Estatuto, si el texto perjudica a la provincia.
Donde nadie se esconde es en Murcia. En caso de que el Estatuto recoja algún aspecto que afecte al Tajo-Segura, los diputados de la Región en el Congreso "votarán en contra", según confirmó ayer el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, quien afirmó que Valcárcel "ha dicho esto claramente ahora y hace 15 años", y que el presidente "ya ha transmitido la posición en defensa del trasvase al líder del PP, Mariano Rajoy".
Según un estudio de la patronal Coepa, regantes y empresas afectadas por el trasvase podrían reclamar hasta 3.000 millones de euros al Gobierno por datos patrimoniales, en el caso de que el trasvase Tajo-Segura echara el cierre definitivo.