JAUNJO GARCÍA
Es la auténtica ley del embudo en cuestión de pensiones. Mientras el Gobierno ha abierto el debate sobre la ampliación de 65 a 67 años en la edad para jubilarse, así como sobre el aumento del periodo cotizado para determinar la cuantía de la pensión de 15 a 25 años -propuesta en la que el Ejecutivo ya ha dado marcha atrás-, los diputados nacionales y senadores aprobaron en 2006 un reglamento de pensiones parlamentarias que les asegura justamente lo contrario: la reducción del tiempo necesario para tener derecho a pensión y grandes facilidades para conseguir que ésta, además, sea por la cuantía máxima.
El jugoso acuerdo tuvo en aquel verano de 2006 a las Corts como alumna aventajada, ya que a finales de ese año el órgano rector del Parlamento valenciano se apresuró a aprobar un acuerdo idéntico al de Madrid. La Cámara la presidía entonces Julio de España pero el acuerdo fue unánime y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tampoco hizo objeción alguna. Según fuentes parlamentarias, la valenciana fue, de hecho, la única Cámara que "importó" la medida. Sin embargo, mientras la norma de ámbito nacional está en vigor y aplicándose, en las Corts se encuentra paralizada ante el serio riesgo de ilegalidad que pesa sobre una medida que se adoptó pese a los informes contrarios de los servicios jurídicos de la institución, al entender, que un Parlamento regional no tiene competencias para aprobar iniciativas de pensiones.
El Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas en favor de los ex diputados prevé que los ex miembros de las Corts que cuenten entre 7 y 9 años de mandato en el Legislativo tendrán derecho a una paga de la Cámara que les complemente la de la Seguridad Social, de manera que se les asegure el 80% de la pensión máxima; si suman entre 9 y 11 años de escaño, el 90% de la paga máxima; y si cuentan con más de 11 años, el 100%. Para que un trabajador consiga la pensión máxima necesita amasar 35 años de cotizaciones y que los últimos 15 sean por la base máxima. La propuesta del Ejecutivo, que retiró el pasado miércoles tras la polémica generada en todos los grupos de la oposición y los sindicatos, de ampliar a 25 años el cálculo de la pensión supondría, a efectos prácticos, una rebaja media de la pensión. Pero no afectará a los parlamentarios que, con 11 años, accederán a la paga máxima.
Pensiones no contributivas
Se da la circunstancia, además, de que se trata en la práctica de pensiones no contributivas, una figura que suele aludir a las cantidades destinadas a colectivos desfavorecidos que no han cotizado a la Seguridad Social. Sus señorías percibirán una paga de la institución para la que nunca habrán realizado cotización alguna. La normativa de las Cortes Generales se copió tan apresuradamente que el texto aprobado por las Corts señalaba que las pensiones parlamentarias se concederán "al inicio de la novena legislatura". En las Corts estaban entonces en la sexta (no en la octava como en Madrid), de forma que la Mesa de la Cámara tuvo que hacer una "corrección de errores" para poder acogerse a ellas a partir de 2007. Aunque la medida, aprobada y publicada en el Boletín Oficial de las Corts está parada, la Cámara lo tiene claro. En agosto de 2007, tras la toma de posesión de los actuales diputados, el manual sobre el Parlamento incluía que "los parlamentarios tienen garantizada la percepción de la pensión de jubilación máxima, siempre que cumplan los requisitos que se establezcan". Más grave que todo ello es que la norma se aprobó pese al informe de los servicios jurídicos de las propias Corts que alertaba sobre su ilegalidad. Estiman que las Corts no tienen competencias para legislar sobre pensiones, de forma que haría falta la habilitación de una ley estatal. El Congreso, como cámara nacional, ya avala la medida para los diputados y senadores. El acuerdo que se publicó en el BOCV hacía mención a la existencia de un informe jurídico obviando que éste había sido negativo.
El cierre de filas únicamente fue roto por un diputado tránsfuga del PP, Javier Tomás Puchol, que se fue al grupo mixto e ingresó en Coalición Valenciana. Antes de los comicios de mayo de 2007, presentó una demanda al TSJ-CV, que sacó los colores de la institución al paralizar cautelarmente la medida. Pero meses después Puchol presentó en el juzgado un escrito de desistimiento de la demanda, dejando la puerta abierta al archivo, como ocurrió. El caso es que, pese a tener despejado el camino judicial, las Corts no han querido o no se han atrevido a desarrollar una norma aprobada desde diciembre de 2006.
Modificación del reglamento
El reglamento no sólo incluye la paga parlamentaria. También hay previstas indemnizaciones por cese -una especie de desempleo para diputados que éstos transformaron en un finiquito compatible con todo menos con otro cargo electo o político de libre designación- y que equivale a la última nómina multiplicado por los años de mandato, hasta un máximo de 24. Las Corts modificaron el reglamento por el sueldo íntegro en lugar del base y encargaron a una filial de Bancaja el estudio del coste que tendrían todas las prebendas del Reglamento. El resultado dio la astronómica cifra de entre 15 y 28 millones que algunos, con el mismo informe, elevan hasta los 50 millones al sumar ambos escenarios. Al igual que las pensiones, la Cámara también tiene paralizado el pago de las indemnizaciones por cese a los parlamentarios que no revalidaron el acta en mayo de 2007.
Despidos de lujo
El desembolso podría ascender a 800.000 euros a favor de una veintena de ex diputados con derecho a cobrarlo.
LAS PREBENDAS
Pensión parlamentaria
Los ex diputados, cuando cumplan 65 años, podrán gozar de una paga parlamentaria que les complemente la pensión de la Seguridad Social según este baremo: Si suman entre 7 y 9 años de mandato parlamentario, se les asegurará el 80% de la pensión máxima; entre 9 y 11 años, el 90%; y más de 11 años, el 100%.
Diputados "estatuyentes"
A los parlamentarios que ejercieron durante la "totalidad de la etapa transitoria" de las Corts (antes de las primeras elecciones de 1983) y la primera legislatura, se les reconoce que tendrán derecho a una pensión de la Cámara para llegar hasta el 80% de la máxima aunque no sumen los 7 años de mandato.
Con 55 años en el momento del cese
Los diputados que tengan cumplidos los 55 años en el momento del cese o que los cumplan en el año de la disolución, se les mantendrá de alta en la Seguridad Social si carecen de trabajo, hasta que completen el periodo necesario para tener derecho a pensión.
Subsidio si no tienen ingresos
En el caso anterior, si además no tienen ingresos o patrimonio, se prevé que los ex diputados puedan percibir de la institución un subsidio equivalente al 60% de la asignación reglamentaria, que actualmente es de más de 2.600 euros brutos.
Ayuda económica
En los casos de ex diputados que no tengan los 7 años exigidos para percibir pensión, se abre la posibilidad de una ayuda económica a su favor o de su cónyuge viudo o hijos menores de 25 años por importe de dos meses de la asignación reglamentaria por año de mandato.
Finiquito o despido
La indemnización por cese, pensada inicialmente como un paro de diputados a percibir mensualmente, se cambió por una especie de finiquito o despido, a cobrar de golpe y por importe de la última nómina, multiplicado por los años de mandato.
Indemnización de transición
Al disolverse el Parlamento por las elecciones, los diputados que no forman parte de la Diputación Permanente recibirán una indemnización equivalente al sueldo que tendrían en el periodo que va desde la disolución de las Corts a la constitución de la nueva Cámara.
Plan de pensiones individual
La Cámara abonará para todos los diputados un plan de previsión social el 10% de la asignación reglamentaria. En el presupuesto del Congreso para 2007, ya se dotó una partida de casi un millón y medio de euros para el plan de pensiones de los diputados nacionales.
Ayudas por fallecimiento
En el caso de muerte de parlamentarios con al menos 7 años en la Cámara, su cónyuge o hijos percibirán una ayuda de dos meses de asignación.
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