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La ausencia de un proyecto de la Conselleria valenciana de Justicia sobre la implantación en los partidos judiciales de la denominada "oficina judicial" crea "preocupación y escepticismo" en los jueces de la provincia de Alicante, según la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo.
Bravo ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras reunirse, junto con el vicepresidente del CGPJ, el ex conseller valenciano de Justicia Fernando de Rosa, con los jueces decanos de Alicante, encuentro al que también han acudido los presidentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Fernando de Rosa, y de la Audiencia alicantina, Vicente Magro, entre otros.
La oficina judicial, regulada en la Ley 13/2009, es la nueva organización que dará soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales, todo con el objetivo de mejorar el funcionamiento y agilidad de la Justicia.
Un aspecto de la oficina judicial son las reformas procesales que regulan la distribución del trabajo entre el juez y el secretario, las cuales entran en vigor el próximo 5 de mayo, mientras que posteriormente cada comunidad autónoma desarrollará el resto de aspectos, los cuales resultan de más lenta ejecución.
Bravo ha subrayado que al CGPJ "le preocupa mucho" la fase de creación y desarrollo de esta iniciativa, y que en la reunión de Alicante ha trasladado a los jueces que el Consejo trabaja para la formación y constitución de comisiones para mejorar la implantación.
Ha relatado que los jueces decanos alicantinos le han trasladado su "preocupación y escepticismo porque aún no tienen conocimiento de cuál va a ser el proyecto de la Conselleria", a pesar de que este plan deberá "determinar cómo se va a implantar (la oficina judicial) en los distintos partidos judiciales".
Según Bravo, los decanos "son conscientes sobre todo de que, por problemas de infraestructuras, espacio o falta de personal, en muchos partidos judiciales va a haber grandes dificultades para el desarrollo".
"Por ello, nos han transmitido que están dispuestos a trabajar en comisiones, que están dispuestos a aportar todo lo necesario para que esto se ponga en marcha, pero que también necesitan tener ya este proyecto de la Conselleria para poder ver el camino, como ya está ocurriendo en otras comunidades autónomas", ha advertido la portavoz del órgano de gobierno de los jueces.
Por su parte, Fernando de Rosa ha revelado que las comunidades autónomas del País Vasco y Cataluña son las dos más adelantadas en la futura implantación de esta oficina judicial ya que la primera "incluso" ya está presentando una relación de puestos de trabajo que acarreará el desarrollo mientras que la segunda Cataluña tiene los trabajos "muy avanzados".
En cuanto al resto de regiones, De Rosa ha manifestado que le "consta que están trabajando", entre ellas ha citado la Comunitat Valenciana, Andalucía y Canarias, aunque en el CGPJ aguardan que lo traduzcan en documentos concretos por escrito.
Ha insistido en que el objetivo es crear un servicio público de Justicia "de calidad" y ha añadido que las reuniones como la de hoy son útiles para trasmitir a los decanos de la necesidad de que empiecen a trabajar por esa agilidad y eficacia "que todos queremos".
"Es necesario que el ciudadano sepa que los jueces trabajan intensamente para dar un mejor servicio en la tramitación de los procedimientos", ha apuntado.
Ha alabado al presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, por haber presentado ya un documento "muy valioso" para la implantación de la oficina judicial en la provincia, y ha estimado que este trabajo permite augurar un resultado "óptimo" de la oficina judicial en la Comunitat Valenciana.
De Rosa ha recordado que la oficina judicial tiene, por un lado, una primera llegada con las reformas procesales que se inician el 5 de mayo aunque, por otro, deben desarrollarse el resto de medidas, lo que será "mucho más lento" y estará en función de "las propuestas que haga cada comunidad autónoma".
Ha incidido en que el CGPJ está muy interesado en esa segunda fase y que, por eso, pretende colaborar con las comunidades y el Ministerio de Justicia "para que sea lo antes posible".
"Si no, volveremos ha hablar de una situación compleja en la Administración de Justicia", ha advertido.
El documento detallado presentado por Magro sobre la oficina judicial analiza la creación de los servicios procesales comunes de actos de comunicación, diligencias de ejecución, tramitación y señalamiento, entre otros aspectos.