La provincia de Alicante cuenta desde ayer con un segundo fiscal Anticorrupción, según confirmó el fiscal jefe Juan Carlos López Coig. López Coig firmó ayer el decreto por el que nombra para el cargo a Pablo Romero, que depende del destacamento de Orihuela. López Coig aseguró que su cometido será apoyar la labor que hace el fiscal encargado de este área, Felipe Briones.

El Boletín Oficial del Estado publicó a finales del año pasado la creación de una plaza más de fiscal para la Audiencia de Alicante. López Coig tenía decidido dedicar ese puesto a reforzar la lucha contra la corrupción en la provincia, dado el alto volumen de trabajo que tenía Felipe Briones. El puesto se ha pedido oficialmente en la memoria de la Fiscalía al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, pero dado que su creación es urgente se ha adelantado su nombramiento mientras que desde Madrid se autoriza otro fiscal más para Alicante.

Fuentes de la Fiscalía de Elche aseguraron que ya se ha asignado un primer cupo de casos al refuerzo de Anticorrupción. Sin embargo, desde el ministerio público se incidió ayer que el ámbito de actuación no será necesariamente la Vega Baja, sino que podrá actuar en toda la provincia. "Felipe Briones y él tendrán que sentarse y hacer un reparto de los casos que lleven", explicó ayer López Coig a preguntas de este diario. Sin embargo, ha sido en la Vega Baja donde la Fiscalía Anticorrupción ha tenido el mayor número de trabajo en la provincia en los años que lleva en funcionamiento, como es el caso de las denuncias contra el anterior alcalde de Orihuela, el ex alcalde de Bigastro, la alcaldesa de San Fulgencio o la operación Brugal.