EFE
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El PP en el ayuntamiento de Alicante ha iniciado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para que Ikea pueda abrir en Rabasa con fachada a la autovía A-7 y para que, tras su implantación, prohibir la apertura de nuevos centros comerciales en el futuro.
Estas modificaciones puntuales del artículo 95 del PGOU suponen aceptar la petición presentada tanto por Ikea Ibérica como por Viviendas Sociales del Mediterráneo (VISOMED), mercantil ésta última que promueve el plan urbanístico de Rabasa, con 13.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados junto al centro de la multinacional sueca.
La portavoz del equipo de gobierno municipal, Marta García-Romeu, del PP, ha aclarado que estos cambios quedan supeditados a la resolución definitiva que tome el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), después de que el pasado 18 de diciembre paralizara cautelarmente la tramitación del plan urbanístico de Rabasa ante las dudas en cuanto al suministro de recursos hídricos.
La decisión inicial del TSJCV atendió un recurso contencioso-administrativo de la Delegación del Gobierno en la Comunitat, de Valencia, aunque este fallo también ha sido recurrido por el consistorio, que prevé que sea revocado para dar luz verde al plan urbanístico y a la llegada de Ikea.
La portavoz popular ha indicado que las modificaciones solicitadas por Ikea y Viviendas Sociales del Mediterráneo son necesarias para la implantación de la multinacional en la ciudad, siempre que se produzca el alzamiento de la suspensión emitida por el alto tribunal.
Ha reafirmado que las negociaciones con la multinacional sueca del mueble "continúan" y que ésta sigue teniendo "interés" en abrir un centro en Alicante, lo que coincide con el interés de la ciudad.
Las variaciones en el PGOU permitirán instalar Ikea "con fachada a la autovía de circunvalación" y evitar la apertura de nuevos centros comerciales en el término municipal.
Esto último se ha aceptado al entender que, una vez que estuviera Ikea, en el municipio "quedarían atendidas holgadamente las necesidades de esa especialidad comercial (grandes superficies), cuya proliferación llevaría a una situación de saturación, que no sería buena para nadie".
Para proceder a esta modificación puntual del PGOU hay que someter los cambios a exposición pública tras acuerdo del pleno municipal, por lo que hoy la junta de gobierno ha acordado en un punto de urgencia llevar el asunto a una próxima sesión plenaria, cuando se abrirá un plazo de alegaciones previo a la autorización definitiva.
Este sería el proyecto de modificación puntual número 31 del vigente PGOU, según la propuesta de acuerdo firmada por la alcaldesa, Sonia Castedo.