JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ
Una brutal lluvia de golpes con el único propósito de quitarle la cartera. Éste es el móvil que ha establecido la Fiscalía en su escrito de acusación por el asesinato de un subinspector de Hacienda en Alicante el 26 de noviembre de 2008 en la pasarela de la Playa del Postiguet. El acusado, Ricardo G. G., se enfrenta a penas que suman 20 años y siete meses de prisión por un delito de asesinato y otro de robo con violencia. Un amigo que le ayudó a lavar sus ropas ensangrentadas y a esconder los objetos arrebatados a la víctima se enfrenta a otros dos años de cárcel como presunto encubridor. La Policía halló los efectos robados al funcionario en un armario de su casa al hacer un registro cuando se esclareció el asesinato.
El crimen causó una gran conmoción en su día, dada la condición de funcionario de Hacienda de la víctima, y se llegó a barajar que el móvil estuviera relacionado con su actividad profesional. El escrito de acusación relata que el acusado siguió a su víctima desde el Postiguet con el propósito de arrebatarle los efectos de valor que portara. Según la Fiscalía, a la altura de pasarela, le golpeó de manera inesperada para tirarle al suelo, lugar donde el acusado inició una "brutal" lluvia de golpes usando los puños y los pies. La contundencia de los golpes fue tal que el propio presunto agresor tuvo que ser asistido esa misma noche en un centro de salud por un traumatismo en el pie. La víctima quedó inconsciente por la paliza y el acusado huyó del lugar tras quitarle la cartera, que contenía documentación personal y varias tarjetas de crédito. Un testigo de los hechos avisó a los servicios de urgencia que trasladó al herido al Hospital General de Alicante donde ingresó con traumatismo cráneo-encefálico y torácico.
El subinspector sufrió golpes en la cara, el cuello, el cráneo, el hombro, el brazo izquierdo, la zona lumbar y una fractura del primer arco costal izquierdo con neumotórax que le colapsó el pulmón izquierdo; así como un gran edema cerebral con daños neurológicos irreversibles. El funcionario, que estaba casado y acababa de ser padre de una hija, falleció un día después. La Fiscalía pide una indemnización de 300.000 euros para la familia del fallecido. En cuanto a los delitos, por el asesinato se reclaman 17 años y tres meses de cárcel; y tres años y cinco meses por el robo con violencia.
