A. VALDÉS
El informe sobre alquileres sumergidos en España que recientemente hizo público el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) estima que uno de cada cuatro alquileres en la provincia de Alicante se oculta a Hacienda. Según esta previsión, las rentas que generan 13.000 de los 50.123 inmuebles arrendados en Alicante escapan al control del fisco. El porcentaje de alquileres en negro de la provincia es, sin embargo, diez puntos porcentuales menor que en Valencia. Gestha estima que en toda la Comunidad Valenciana, el alquiler sumergido generó un fraude fiscal de más 123 millones de euros en el año 2007.
Sin embargo, desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante, aseguran que estas estimaciones "son demasiado optimistas". "Calcular que sólo el 26% de los alquileres se ocultan es hacer una estimación muy leve y demasiado a la baja", apunta Marifé Esteso, presidenta de API. Los técnicos de Hacienda sostienen que, a nivel nacional, sólo se declaran la mitad de los arrendamientos. Son más de 2.400 millones de euros que escapan al control del Estado.
Sergio Gambi, presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Costa Blanca, comparte la misma opinión. "Nuestro estudio fija que en Benidorm el 50% aproximadamente de los alquileres son en negro. En Torrevieja podemos hablar fácilmente de un 90% de alquileres sumergidos". "Es muy difícil determinar el porcentaje exacto de alquileres en negro, porque los apartamentos en el litoral tienen una gran ocupación de segunda vivienda. ¿Cómo saber si se alquilan o no se alquilan?", apunta Gambi.
Combatir una incógnita
El volumen real de fraude y el número de inmuebles alquilados que no se declaran son una verdadera incógnita para Hacienda, que criticó las conclusiones del estudio de Gestha por limitarse a hacer "estimaciones". Una de las nuevas armas de Hacienda para combatir este fraude es el conocido como modelo 159, una norma incluida en la nueva Ley de Prevención del Fraude Fiscal aprobada en 2006 que obliga a las compañías de agua y luz a vincular el consumo con una referencia catastral. De esta manera, se podrá comprobar si un inmueble que se declara como segunda residencia es, en realidad, un alquiler sumergido, al generar facturas superiores a las de una casa vacía u ocupada temporalmente.
La ley permite denunciar fraudes fiscales como éste de manera anónima y sin consecuencias para el denunciante, de manera que desde API y la Agencia Tributaria se anima a dar el paso y denunciar al defraudador. "Las inspecciones son muy exigentes, por lo que cuanta más información incluya la denuncia mas posibilidades hay de que la investigación prospere", apuntan fuentes de la Agencia Tributaria. El coste de alquilar en negro para el defraudador puede superar con creces el beneficio obtenido, ya que las sanciones obligan no sólo a pagar una multa, sino también a devolver la cantidad de impuestos defraudada.
Otra de las medidas que se va a potenciar en la Comunidad es la obligatoriedad de identificar todas las ofertas de alquileres en medios de comunicación y en portales de Internet con un propietario registrado por la Generalitat.
