La sociedad se encuentra cada vez más sensibilizada contra la violencia de género y prueba de ello es que al año salen a la luz más de dos mil casos sin que la víctima dé el paso de denunciar. Y es que los servicios sanitarios y la Policía, alertada por quienes presencian una agresión machista, presentan ya tres de cada diez denuncias por malos tratos, como se desprende de los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial.
De esta forma, de las más de siete mil denuncias anuales que se registran, un 18% de los casos llega al juzgado por la existencia de un parte de lesiones y un 13% por la intervención directa de la Policía después de haber sido alertada por testigos de la agresión, como vecinos o simples desconocidos. Esta cifra va en aumento desde hace cinco años, como sostiene el presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, quien lo atribuye a que la sociedad "percibe cada vez más que no debe callar ante los malos tratos".
Magro recuerda que tras recibir la alerta por terceros la Policía instruye su atestado y la denuncia sigue adelante incluso cuando la víctima se opone. Lo mismo ocurre cuando los médicos detectan que una mujer sufre malos tratos. La denuncia es remitida al juzgado incluso cuando la perjudicada niega haber sido agredida.
Sin embargo, una vez que el caso llega al juzgado son muchas las mujeres que se niegan a declarar en contra de su agresor durante el juicio. Están en su derecho de no testificar contra sus maltratadores si siguen conviviendo con ellos, pero su testimonio es clave cuando no existe un parte de lesiones claro o no hay testigos por ser delitos cometidos en la intimidad del hogar. Estas circunstancias obligan a los jueces de lo penal de la provincia a absolver a cerca de la mitad de los maltratadores por falta de pruebas contra ellos.
Para evitar este problema creciente, Vicente Magro solicitó el pasado año al Parlamento un cambio en la legislación sobre malos tratos. En su comparecencia como experto ante la Subcomisión de Violencia de Género del Congreso de los Diputados propuso que las maltratadas sólo tuviesen que declarar ante el juzgado de Violencia sobre la Mujer y no volver a hacerlo tiempo después en el juicio. Magro defiende que así se reduciría la victimización de las maltratadas y se evitaría que una de cada tres se arrepienta de haber denunciado a su agresor y se niegue a testificar contra el.
No obstante, aunque las víctimas se nieguen a declarar contra su agresor, la declaración de los testigos puede ser suficiente para condenar al hombre, como ha hecho la Audiencia en varias ocasiones. De ahí la importancia de que los ciudadanos se impliquen en la denuncia de las agresiones machistas cuando tengan constancia de ellas, incluso cuando agresor y víctima son desconocidos.
Cada vez hay más personas que lo hacen, como demuestra el hecho de que una de cada diez denuncias partan de la Policía, generalmente por la alerta de algún ciudadano. Según Magro, la gente "está más sensibilizada y no se calla ante el maltrato por temor a ser cómplice con su silencio, para no sentirse culpable o por solidaridad con las víctimas".
No obstante, el grueso de las denuncias sigue presentándolas la víctima, algunas directamente ante el juzgado y la mayoría ante la Policía. En un informe sobre los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Alicante, la socióloga Santa Suárez, asegura que este dato demuestra que "la institución policial es en la que más confían las víctimas". También incide en la importancia de la detección por parte de los servicios sanitarios, pues se trata de la segunda vía de denuncia.
