P. ROSTOLL
Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat (Ciegsa), la empresa encargada de la construcción de centros educativos en la Comunidad, no sólo está en una situación de total y absoluta bancarrota sino que, además, está "empeñada" con los bancos para varias generaciones. La mercantil, de hecho, arrastra deudas por valor de 1.731 millones -unos 300.000 millones de las antiguas pesetas- y tiene préstamos que empezará a pagar en 6 años y que vencen, nada menos, que en 2033. Es decir, tendrán que pasar otros siete gobiernos por el Palau de la Generalitat para que Ciegsa, en el caso de que a partir de ahora ya no hiciera nada más -cosa que no ocurrirá-, saldara, en su integridad, las deudas que ahora tienen contraídas.
Según los datos que figuran en el informe de la Sindicatura de Cuentas y en la auditoria privada que acompaña a la memoria, al cierre del ejercicio pasado, la empresa pública acumulaba un endeudamiento de 1.731,17 millones de euros, de los que 1.258 eran deuda a largo plazo y 473, a corto. De esa cantidad, alrededor de 1.290 millones corresponden a deudas con entidades bancarias, la inmensa mayoría a abonar de 2014 en adelante. La hipoteca queda, por tanto, para futuros gobiernos, sean del PP o del PSPV. La sociedad tiene concertadas 18 operaciones de crédito, de las que cinco vencen en 2033, otras cuatro un año antes, una en 2030 y otra en 2029. Un auténtico lastre.
¿Y quién debe pagar la factura? El informe lo deja bien claro. Obviamente, la Generalitat en tanto que accionista de la mercantil. La Sindicatura de Cuentas, de hecho, ya advierte que esos 1.731 millones tendrían que haber sido incluidos como un pago aplazado, algo que el Consell no contempla. La auditoría privada es todavía más dura y advierte de que Ciegsa no podrá continuar adelante con su actividad si no hay aportaciones directas de fondos de las arcas autonómicas para paliar esta situación.
Una de las facturas que sigue pagando Ciegsa es la de los barracones que siguen poblando numerosos centros educativos de la provincia. La auditoría del órgano fiscalizador de la Generalitat señala que la mercantil autonómica gastó en aulas prefabricadas para los colegios y centros de secundaria nada menos que 14,6 millones de euros. Una parte importante son instalaciones provisionales mientras se construyen las infraestructuras definitivas. En concreto, Ciegsa registró un desembolso de 5.841.194 euros en barracones para los centros de secundaria, mientras que en educación primaria, infantil y especial el desembolso en montaje y alquiler de aulas provisionales, a 31 de diciembre de 2008, fue de 8.784.087 euros.
El valor de la obra terminada desde la creación de la sociedad suma 1.427 millones. La firma diferencia en la contabilidad entre los centros de secundaria y los de primaria. En el primer caso, como la titularidad es de la Conselleria de Educación, Ciegsa computa una inversión desde su creación de 936,7 millones, de los que el 49% se ha gastado en Valencia (457,7 millones); el 40% en Alicante (374,3); y el 11% en Castellón (104,6). El Consell debe abonar a la firma pública, hasta 2015, la totalidad de este importe, mediante ampliaciones de capital. En cuanto a los centros de infantil, primaria y especial, la firma tiene computada como obra terminada 490,4 millones. Del total, el 43% (212,5 millones) se invirtió en Valencia; el 36% (175 millones), en Alicante; y el 21% (102,9), en Castellón.
Compromís critica
la temporalidad de
los empleos públicos
La diputada de Compromís -el grupo que comparten en las Cortes el Bloc e Iniciativa- Mireia Mollà denunció ayer que las tasas de temporalidad y personal interino en la Generalitat "son inadecuadas para una gestión eficaz y moderna de la Administración pública" ya que son propias de "una empresa mal gestionada". Mollà ha señalado que, según el informe de la Sindicatura de Comptes correspondiente al ejercicio 2008, la tasa de temporalidad entre el personal de la Generalitat alcanza el 24% de media, aunque según ha destacado, "con tasas muy dispares entre consellerias". Ha indicado que entre los docentes, el personal interino "alcanza los casi 11.000 funcionarios", mientras que el resto, hasta los 13.911 interinos que refleja el citado informe, se corresponde con personal de los servicios generales de las diferentes consellerias.
