El recurso municipal sobre el plan Rabasa afirma que respeta los criterios sostenibles

MANUEL DOPAZO El Ayuntamiento de Alicante presentará mañana, día en que expira el plazo establecido, el recurso de súplica contra la suspensión cautelar de la aprobación del plan Rabasa. El recurso, que se interpone contra la misma Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que acordó la suspensión, intenta rebatir los argumentos del tribunal, insistiendo en la legalidad de las actuaciones que condujeron a la aprobación del plan, en que el agua está garantizada y en que no se vulneran los criterios de sostenibilidad vigentes al aprobarse esta gigantesca actuación urbanística.
Mañana se cumple el plazo de cinco días hábiles concedidos por el TSJ para recurrir la suspensión cautelar del Plan Rabasa y el Ayuntamiento, tal como ya adelantó al conocer el auto, presentará el recurso de súplica, que ya tiene totalmente elaborado.
El documento municipal trata de responder a los distintos e importantes reparos que se recogen en el auto judicial, según señalaron fuentes municipales. Así, con respecto a la falta de garantías en el abastecimiento de agua, aducida por el TSJ amparándose en un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el Ayuntamiento aporta junto a su recurso informes posteriores del propio organismo hidrológico en el que, según el Ayuntamiento, considera garantizado dicho suministro. Además, las mismas fuentes municipales recuerdan que el informe de la Confederación si por algo destacaba era por su suavidad y no por su beligerancia.
Otro punto importante que ha provocado la suspensión cautelar de Rabasa es el de su desproporcionada magnitud, con más de cuatro millones de metros cuadrados, circunstancia que, según el tribunal, obliga a tramitarlo dentro del plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En el recurso se subraya que el Ayuntamiento se ha ceñido estrictamente a la legalidad ya que la "ley permite tramitar fuera del PGOU esta actuación ya que se trata de una recalificación de suelo", añaden las fuentes citadas.
Además, y a este respecto, en el recurso del Ayuntamiento, que ha sido elaborado por técnicos de la Gerencia de Urbanismo en colaboración con la Asesoría Jurídica Municipal, se añade que el plan Rabasa ya consta en el nuevo PGOU, puesto que figura en el avance del mismo, y a efectos administrativos lo que se incluye en el avance ya forma parte del PGOU.
El auto del TSJ también se amparaba en la sostenibilidad para censurar el plan Rabasa, por las alteraciones que puede producir, tales como cambios drásticos en el paisaje, contaminación, alteraciones en el transporte y cambios en ecosistemas sensibles. El auto judicial sentenciaba, al respecto, que "frente a los intereses en conflicto" consideraba "más relevantes la defensa y protección del medio ambiente que los intereses desarrollistas". Sobre estos aspectos, la respuesta municipal se centra en intentar demostrar que el plan Rabasa no vulnera las normas básicas de sostenibilidad vigentes cuando fue aprobado.
También se da respuesta a otros reparos puntuales. Así, a la cítrica de que se desconoce dónde se va a realizar la depuración de aguas, se responde que hay prevista costruir una depuradora en Rabasa y hay otra actualmente en construcción.
El Ayuntamiento confía en que con su recurso el TSJ reconsidere el auto de suspensión, ya que la posibilidad de plantear un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo no está nada clara porque las normas y leyes en las que se basa el auto del TSJ son, básicamente, de carácter autonómico.