El margen de maniobra de la Generalitat es cada vez más reducido. En apenas un año, el Consell ha aumentado en más de un 20% su hipoteca de futuro con pagos aplazados por valor de 29.882,3 millones de euros, unos cinco billones de las antiguas pesetas, según consta en el informe sobre la gestión autonómica de 2008 que el Síndic Major de Comptes, Rafael Vicente Queralt, entregó ayer a las Cortes. La memoria de la Sindicatura de Cuentas describe un notable deterioro de las arcas autonómicas, alimentado, además, por la crisis financiera, el descenso de los ingresos, la falta de financiación y, en último extremo, por un cierto descontrol que viene ejemplificado con el escaso interés que el Consell pone en cumplir con las recomendaciones que le propone la institución. Apenas atiende el 51% -119 de 233- de las peticiones que la Sindicatura pone negro sobre blanco anualmente para mejorar la gestión.
Los pagos aplazados a ejercicios futuros son, en estos momentos, una losa que explica las dificultades del Consell para acometer nuevas inversiones -en 2008, el volumen y el importe de las contrataciones se redujo e un 52%-; o para retrasar la financiación del plan de actuaciones municipales prometido por Camps. La Generalitat, oficialmente, reconoce que arrastra un lastre -con los datos actualizados a 31 de diciembre de 2008- que "sólo" alcanzaría los 25.449, 7 millones, lo que ya supone un incremento del 20% respecto al año anterior. De esa cantidad, cerca de 20.000 millones, son pagos que deben realizarse a largo plazo con lo que se limita la capacidad de acción de futuros gobiernos.
Las tres partidas que ahogan la gestión son los pagos que origina la deuda, cantidad que supera los 14.350 millones, la mayoría a largo plazo; el lastre de la Sanidad con más de 6.251 millones en facturas pendientes de saldar; y los abonos aplazados de infraestructuras que alcanzan los 2.658 millones. Pero la Sindicatura de Cuentas, en su memoria anual, advierte de que los números que ofrece la Generalitat no reflejan la realidad. De hecho, el fiscalizador público alerta en su informe de que en esa cantidad no se han contabilizado ni 2.701 millones correspondientes a una serie de "contratos, convenios y acuerdos" que la Generalitat tiene pendientes de abonar, entre ellos 576 que tendrían que haber llegado a las universidades públicas para su financiación; ni tampoco otros 1.731,5 millones que el Consell debe pagar a Ciegsa -la empresa encargada de la construcción de centros educativos- por la ejecución de obras. Así que, en realidad, la hipoteca de la Generalitat y la carga para futuros gobiernos llega a la friolera de los 29.882,3 millones. Como se recordará, el Banco de España certificó hace tan solo unos días que la deuda de la Generalitat, la segunda más alta de todo el Estado, ya es, por vez primera, mayor que el presupuesto aprobado para cubrir los gastos de todo un año.
No són los únicos indicadores de la precariedad financiera del Gobierno que preside Francisco Camps. La Generalitat está hasta las cejas de deudas, con una hipoteca a muy largo plazo, cerró el año pasado con un déficit de 598 millones -de acuerdo a los datos que hizo públicos el propio Síndic- y, encima, el agujero económico de la Sanidad pública continúa creciendo sin control. De hecho, al cierre del ejercicio de 2008 -fecha a la que corresponde el informe presentado ayer-, el Consell tenía facturas sanitarias sin reflejo contable y pendientes de imputar en presupuesto por valor de 1.837,6 millones, más de 300.000 millones de las antiguas pesetas, con un aumento de 428 millones en apenas doce meses. Se trata de pagos -conocidos como "facturas en los cajones"- a los que la Generalitat tiene que hacer frente pero que no tienen consignación. De esa cantidad, un total 776 millones son abonos pendientes de los años 2002 a 2004 que la Generalitat espera pagar a plazos hasta 2016. El resto corresponde con la gestión de los últimos años. El Consell, con posterioridad al cierre del informe, también preveía poner en marcha un plan para tratar de rebajar el montante global de ese endeudamiento.
La Sindicatura de Cuentas atribuye esa situación crítica de la Sanidad pública a varios factores: el incremento de la población, una aportación de fondos basada en censos antiguos, a la demanda de servicios cada vez más caros, a la necesidad de una gestión más efectiva y, por supuesto, a una financiación insuficiente del sistema. De hecho, en una de sus alegaciones al informe, la Intervención de la Generalitat señala que, para cuadrar las cuentas, la administración autonómica necesitaría ingresos extras por valor de 2.238 millones. El Consell se agarró a ese clavo ardiendo para pedir más financiación a Madrid. Con la aportación suplementaria del nuevo modelo y el actual ritmo de gasto de la Generalitat, aún faltarían mil millones para poder cuadrar sin déficit las cuentas autonómicas.
Y es que la Generalitat no puede confiar ni tan siquiera en las cantidades pendientes de cobro. El Consell consigna, por ese concepto, una recaudación de 775,2 millones. Sin embargo, la Sindicatura de Comptes duda que, de ese montante, 633 millones -los llamados "derechos definidos"- se puedan acabar cobrando. Por su parte, el conseller Gerardo Camps aseguró que la situación de las cuentas autonómicas viene determinado por el impacto de la crisis económica, lo que, subrayó, hace necesario recurrir a un mayor endeudamiento para atender servicios y ejecutar inversiones.
