El próximo 28 de diciembre expira el plazo para recurrir ante la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad la decisión de suspender cautelarmente el plan Rabasa en tanto los magistrados entran a estudiar el fondo del proyecto y determinan si es o no legal, un proceso en el que bien podría consumirse el próximo año con lo que eso supone de demora tanto para la pretensión del Grupo Cívica de levantar 13.500 viviendas como para la intención de montar en esos terrenos un centro comercial bajo la órbita de la multinacional del mueble Ikea.

El recurso que al menos el Ayuntamiento de Alicante -es de suponer que también recurrirá el grupo del empresario Enrique Ortiz aunque aún no se ha pronunciado al respecto- tiene previsto presentar lo hará ante la propia sala, que preside el magistrado Edilberto Narbón, con lo que fuentes consultadas por este diario ven "remota" la posibilidad de que los magistrados cambiaran de opinión en apenas unos días cuando, además, ya tienen en su poder los informes que serán la base de la argumentación del recurso municipal: el acuerdo con Acuamed para que se garantice el suministro de agua con los caudales que produzca la desalinizadora de Mutxamel cuando entre en funcionamiento y el avance del PGOU de Alicante, pendiente de aprobación, con el que se pretende demostrar que el macroproyecto ya aparece contemplado e integrado en el planeamiento.

Un antecedente que guarda similitudes con el plan Rabasa es otro macroproyecto en la localidad valenciana de Catarroja -éste de 12.000 viviendas- que en la actualidad se encuentra también paralizado de forma cautelar por el TSJ y recurrida esta decisión ante el Supremo, instancia a la que no está claro que puedan apelarse cuestiones de índole urbanística. Al contrario de lo que apuntan las previsiones para el plan Rabasa, en aquella ocasión el TSJ modificó su propio criterio y, ante un recurso del mismo corte del que va a presentar el Ayuntamiento de Alicante, levantó la paralización aunque para volver a decretarla poco después. En aquel caso, a diferencia de lo que ocurre con Rabasa, los magistrados no disponían de ningún documento en el que se garantizaran los recursos hídricos y fue al recibirlo cuando optaron por permitir que el proyecto siquiera adelante sin haber entrado a analizar el fondo. Fue otro recurso del PSPV, en el que se cuestionaba que un proyecto de semejante magnitud se hubiera aprobado al margen del planteamiento general -otro de los criterios que han pesado en la sala para dictar la paralización del plan Rabasa- lo que llevo a los magistrados a detener de nuevo el proyecto valenciano. Eso ocurrió el pasado junio y parado continúa.

Si, contra todo pronóstico, la sala optara por levantar la suspensión cautelar en el caso de Rabasa, el resto de los recurrentes (PSPV, EU y PIC) recurrirían la decisión.