Ikea y Enrique Ortiz son, junto al Ayuntamiento y la Generalitat, los más directamente afectados por la resolución del TSJ en la que suspende cautelarmente el plan Rabasa.
Por lo que respecta a Ikea, el auto judicial le supone un serio revés por lo que implica de paralización de su proyecto durante muchos meses, y con la incertidumbre de que una resolución definitiva aborte la construcción de su centro comercial en estos terrenos. Puestos en contacto con Ikea, fuentes autorizadas de esta firma comercial señalaron que acababan de conocer el auto ayer mismo y que "hay que analizarlo y conocerlo más al detalle", por lo que ""no nos vamos a pronunciar" hasta tanto lo estudien.
En cuanto a Enrique Ortiz, la paralización es también un duro revés, ya que como adjudicatario de este plan parcial a través de su mercantil Viviendas Sociales del Mediterráneo, ya había anunciado su voluntad de poder empezar las obras de urbanización de estos terrenos el próximo año, una vez el Ayuntamiento aprobara los planes de reparcelación y urbanización, con vistas a iniciar la construcción de las primeras viviendas en cuanto los terrenos dispusieran de las infraestructuras fundamentales. Enrique Ortiz guardó silencio y no quiso responder al teléfono. No obstante, todo apunta a que, al igual que el Ayuntamiento, presentará recurso de súplica ante la propia Sala del TSJ que ha dictado esta resolución con los mismos argumentos que esgrima la asesoría municipal.
