El auto del Tribunal Superior de Justicia que suspender cautelarmente el plan Rabasa hasta tanto se resuelva el fondo del asunto tiene muy pocos antecedentes en el Ayuntamiento de Alicante, especialmente en asuntos urbanísticos de tanto calado. Uno de esos pocos y sin duda el más relevante desde que el PP gobierna la ciudad es, obviamente, el referido a la construcción del Palacio de Congresos en el Benacantil.

Como se recordará, el 22 de junio de 2001 el TSJ acordó paralizar el proyecto de construcción del centro de congresos en el emblemático monte de la ciudad mediante un auto que aceptaba así los recursos interpuestos por particulares y la oposición, en una polémica urbanística que, por sus dimensiones, recuerda a la de Rabasa.

El antecedente a lo sucedido ahora con el plan Rabasa no resulta nada halagüeño para el equipo de gobierno municipal ya que finalmente la resolución final del asunto fue contrario a los intereses defendido por el entonces alcalde, Luis Díaz Alperi. Así, la sentencia del TSJ mayo de 2005 abortó la intención del primer edil de levantar el edificio congresual en la ladera del monte. Para nada se pretende deducir de este recordatorio que el asunto de Ikea en Rabasa pueda acabar de la misma forma, con un varapalo para el PP municipal, ya que se trata de asuntos distintos, pero es un antecedente.