Las residencias denuncian la precariedad del sector por el retraso de la Ley de Dependencia

REDACCIÓN La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), que atiende a 25.000 personas en situación de dependencia en 190 centros, ha expresado al Consell su "más enérgica protesta" por la "precariedad e incertidumbre" que atraviesa el sector ante el retraso en aplicar la Ley de Dependencia.
Aerte, a través de un comunicado, recuerda que son "miles los expedientes de personas que demandan el reconocimiento del derecho a unas prestaciones, que se acumulan sin resolver" y gran parte de ellos "no han recibido las ayudas que deben percibir".
A ello se suma, como se denunció recientemente, el retraso en el pago de las prestaciones PEIs de enfermos mentales, tras indicar que "faltan dos millones de euros para atender el 2009"; el hecho de que las residencias de accesibilidad social aún no han visto cumplido el compromiso del Consell "de llenar el último tercio" y que los bonos, y en general todo tipo de ayudas, "sufren retrasos considerables en cobrar, lo que lleva a muchas empresas a una situación insostenible", además de que la Generalitat no ha respetado la situación de los antiguos beneficiarios del bono, que deberán pagar más de su bolsillo el año que viene". Tampoco se han desarrollado las ayudas para los centros de día y de ayuda a domicilio y la prestación económica de cuidador no profesional "se está convirtiendo en una norma".
Ante esta situación, la patronal del sector reclama a la Generalitat una dotación extraordinaria para solventar la grave situación en la que se encuentran los centros, trabajadores y personas con dependencia. En caso contrario, añade, "muchos centros se verán abocados al cierre a partir del 1 de enero" y el "desamparo de miles de personas dependientes".
También se exige que en 2010 se dote de presupuesto necesario para cumplir los compromisos adquiridos y que se agilice al máximo la resolución de los procedimientos administrativos de reconocimiento de los derechos de la dependencia, la prestación de los servicios y su pago, así como la consideración del sector como "estratégico" por los "retornos económicos que produce".