10.000 extranjeros pueden perder sus permisos por la crisis

EFE El Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Orihuela-Alicante ha estimado que unos 10.000 extranjeros pueden perder sus permisos en la Comunitat Valenciana por efecto de la crisis económica.

El Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Orihuela-Alicante, Asti-Alicante, ha publicado el informe "Inmigrantes en situación irregular. Alicante-Comunidad Valenciana-España. Análisis de la situación documental de los extranjeros en el año 2009", cofinanciado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración y el Fondo Social Europeo.

El informe ha sido divulgado en el marco del Día Mundial del Inmigrante, que se celebra mañana.

En él se estudian dos situaciones diferentes: por una parte, la irregularidad documental de los extranjeros no comunitarios y, por otra, la presencia de nacionales de países a los que les es de aplicación el régimen comunitario, que carecen del certificado de registro obligatorio para residir en España.

Entre las principales conclusiones que se desprenden del estudio destaca que todavía existe un escaso grado de integración de los residentes comunitarios en la provincia de Alicante.

Las cifras estiman que 143.670 extranjeros comunitarios carecen en Alicante del certificado de registro, sobre un total de 299.948 empadronados.

El incumplimiento de la obligación de poseer ese certificado está sancionado con 300 euros, aunque en la práctica ni se persigue ni se sanciona esta situación, han asegurado fuentes del Secretariado de Migraciones de la Diócesis.

Por otra parte, la situación es bien diferente para los extranjeros de terceros países que no disponen de autorización para residir en España.

A ellos esta falta les deja en situación de irregularidad administrativa y de gran vulnerabilidad, con las consiguientes consecuencias legales, sociales y económicas, según han alertado las mismas fuentes.

De acuerdo con los datos manejados en el Informe de Asti-Alicante, a principios de 2009 el número de extranjeros no comunitarios irregulares en Alicante era de 40.608 frente a la estimación de 46.839 de 2008.

Estos más de 40.000 extranjeros se enfrentan a multas de hasta 6.000 euros o a la expulsión.

Del informe se desprende, además, que la cuantía de las sanciones económicas que la Oficina de Extranjeros de Alicante aplica por esa situación es "hasta 20 veces superior a las de otros puntos de España", según las citadas fuentes.

Ante "esta situación tan desigual entre los extranjeros comunitarios y los de terceros países", Asti-Alicante denuncia "la gran vulnerabilidad" que ello genera en los segundos.

"Esta situación conlleva el miedo constante a ser sancionado, detenido y/o expulsado por los cuerpos policiales, la indefensión ante la explotación y precariedad laboral, y la dificultad para desarrollar el proyecto migratorio personal y familiar", según indica el informe.

Aunque no es posible realizar un cálculo preciso de los extranjeros en situación legal que perderán sus permisos como efecto de la crisis, la estimación realizada apunta a cifra próxima a 5.000 extranjeros irregulares para la provincia de Alicante y de unos 10.000 en la Comunitat.

En cuanto a las medidas concretas que se aportan para frenar estas situaciones irregulares se propone mejorar la coordinación entre las administraciones estatales, autonómicas y locales en las políticas de integración documental, laboral y social.

También se demanda el mantenimiento y desarrollo de los servicios de asesoría jurídica y la aplicación flexible de la normativa vigente en materia de renovación de permisos y la contemplación de las circunstancias particulares que en cada caso puedan concurrir.

Igualmente, se recomienda la cautela en los mensajes públicos de los responsables políticos y en cualquier tipo de actuación administrativa o policial que "tienda a la criminalización o discriminación de los extranjeros abocados a la situación de irregularidad".