La elaboración de los presupuestos de los municipios para el año 2010 ha puesto sobre la mesa lo que era un secreto a voces: la crítica situación financiera de las arcas locales. La grave crisis económica, que ha desembocado en un fuerte retroceso de la recaudación de los impuestos derivados de la construcción; el tijeretazo de las transferencias del Estado dedicadas a financiar el gasto corriente; y la decisión del Consell de mantener paralizado el pacto local valenciano, pese al mandato incluido en la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006 y al pacto suscrito hace ahora una década en la Federación Valenciana de Municipios, ha situado a los ayuntamientos en situación crítica.

La administración local está al borde de la bancarrota. Y la mejor muestra de esta situación son las previsiones de gasto que barajan para el próximo año. La Diputación y los municipios, sean del color que sean, han tenido que ajustar al máximo sus prioridades ante la fuerte reducción de los ingresos. Eso ha provocado que las cuentas locales registren acusados recortes -en algún caso, se acercan al 20% de caída- lo que limita notablemente el margen de maniobra de la gestión local y la posibilidad de ejecutar nuevas inversiones. "Si los municipios pudieran acogerse a figuras como la suspensión de pagos o la quiebra, muchos lo harían", describe de forma gráfica la situación el secretario regional del PP y ex primer edil de Teulada, José Císcar.

Los alcaldes llevan años y años reclamando una mejora del sistema de financiación de los municipios. El "tirón" del urbanismo, sin embargo, había tapado esa necesidad de obtener más ingresos para ofrecer mejores servicios. Pero la crisis ha esfumado la mayoría del dinero que llegaba a las arcas locales través de los impuestos derivados de la construcción, hasta el 30% del presupuesto en alguno de los casos y ha avivado un debate, el de la financiación local, en el que el Consell de Camps y el Gobierno de Zapatero se tienen que repartir la responsabilidad a partes iguales.

La Generalitat ha tenido diez años para cumplir con el acuerdo al que se llegó en la asamblea que la Federación Valenciana de Municipios y Provincias celebrada en 1999 en Castellón para transferir fondos a las arcas locales. El entonces jefe del Consell, Eduardo Zaplana, firmó un pacto con los partidos representados en la institución -PP, PSPV, EU y Bloc- por el que se comprometía a poner 300 millones anuales en los presupuestos de la Generalitat para compensar a los municipios por la gestión de competencias -principalmente sociales y relacionadas con servicios públicos- que, en realidad, correspondían a la Generalitat.

Una década después, la deuda, como denuncia el PSPV, alcanza los 3.000 millones, de los que unos 900 corresponden a los municipios de la provincia. En el presupuesto del Consell para 2010, el pacto local valenciano continúa en el olvido a pesar de que fue incluido en la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006 -artículo 64- con rango, por tanto, de ley orgánica. José Císcar explicó que la voluntad del PP es que la nueva legislación local esté concluida antes de 2011. Sin embargo, para el portavoz del PSPV en la Diputación, Antonio Amorós, se trata "de una deuda histórica y de un compromiso que Camps debe cumplir".

A la falta de iniciativa del Consell se une, además, la del Gobierno central, incapaz de diseñar un nuevo modelo de financiación local a pesar de que el compromiso de Zapatero era lanzarlo en paralelo con el de las autonomías. Ahora, ha decidido dejarlo aparcado hasta 2011. Y mientras, como este año, los municipios de la Comunidad van a dejar de percibir, según las estimaciones del PP, unos 700 millones, de los que alrededor de 250 tendrían que llegar a las localidades de la provincia. Se trata, casi, del dinero que ha destinado el Gobierno al "plan Zapatero". "Muchos municipios tenían más necesidad de fondos para atender servicios que de partidas para financiar obras", apunta Císcar. Ni el Consell ni el Gobierno, por tanto, parecen dispuestos a resolver una situación que lastra a la administración más próxima a los ciudadanos.

Una asignatura pendiente desde la transición

La asignatura de la financiación municipal está pendiente desde la transición, como recuerda la alcaldesa de Orihuela y secretaria general del PP, Mónica Lorente. La primera edil oriolana considera "inconcebible" que el Gobierno haya optado retrasar la reforma de la financiación local pero, sin embargo, también emplaza al Consell "a poner en marcha la legislación de desarrollo local como recoge el Estatuto". Mientras, la secretaria provincial del PSPV y alcaldesa de Sax, Ana Barceló, carga las tintas contra el Consell. "La Generalitat está lejos, a los consellers no se les ve la cara y los municipios no tenemos dinero para afrontar todo", apunta Barceló antes de poner un ejemplo: el Consell adeuda las ayudas de varios años para financiar el mantenimiento de los juzgados de paz.