E?s medianoche en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores, en Valencia. Un policía entra en la habitación número 17. Delante de una agente femenina como testigo connivente, el policía se quita la camisa, invita a los internos a enfrentarse a él, les insulta, arremete contra su pasividad y, a continuación, coge una porra y los golpea durante cinco o diez minutos hasta causar lesiones a varios de los inmigrantes sin papeles retenidos en la celda. Tres o cuatro días después (ha sido imposible precisar la fecha), el mismo funcionario entra en la habitación número 3. En la celda, unos musulmanes leen el Corán. El policía irrumpe y, porra en mano, les asesta una paliza que les produce hematomas y problemas de movilidad. Estos dos supuestos casos de tortura ocurridos el pasado agosto fueron denunciados ayer por la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) después de haber realizado una investigación en el centro de Valencia.
Tras entrevistar a 35 extranjeros y a 25 trabajadores del centro de internamiento de Zapadores, la coordinadora de CEAR en la Comunidad Valenciana, Sara Verdú, concluye que el centro de Zapadores es un "agujero negro del Estado de Derecho" donde se producen lesiones físicas y psíquicas con el objetivo de "intimidar o lograr una conducta ejemplarizante". El estudio se ha llevado a cabo en los CIEs de Madrid, Málaga y Valencia pero es en este último donde más deficiencias se han encontrado. De todas maneras, la única denuncia por la que se han llegado a abrir diligencias judiciales corresponde a Aluche, en Madrid.
Pero no sólo se trata de torturas. La ONG en defensa del refugiado denuncia irregularidades como la ausencia de cámaras de seguridad en baños, habitaciones, parte de los pasillos y zonas comunes del centro. También consideran "probada" la negativa del personal médico del centro a elaborar partes de lesiones. Asimismo, los inmigrantes internados en el centro de Zapadores carecen de acceso directo al juez o fiscal para quejarse o denunciar malos tratos. Y un dato sorprendente: en el centro hay dos celdas de aislamiento, pero no existe ni reglamento de sanciones ni libro que registre las entradas y salidas a estas celdas incomunicadas.
Después de visitar durante tres días de agosto las instalaciones del centro de internamiento de extranjeros, con 156 plazas, CEAR ha recabado otros datos. Entre ellos, que los inmigrantes han de orinar en botellas de agua vacías por la noche ante la ausencia de inodoros en las habitaciones o de intercomunicadores que faciliten la salida al baño común. Y otro aspecto que considera especialmente grave la coordinadora autonómica de CEAR: no se informa del derecho de asilo a los internos (un 26% de los entrevistados podía acogerse a él sin saberlo) o se les intenta disuadir de que lo pidan en función de unas supuestas "instrucciones" internas, según el estudio elaborado por CEAR.
Un 25% de los inmigrantes entrevistados afirma que en el centro existen malos tratos: actitudes vejatorias, gritos o golpes. En la presentación del estudio realizado, la coordinadora autonómica de CEAR reclamó el desmantelamiento y cierre del centro de internamiento para unos extranjeros que están allí "por el crimen de no tener papeles, simplemente", dijo a este periódico Sara Verdú.
El 40% de los internos entrevistados relatan un trato "negativo o muy negativo", aunque no llega a ser una "práctica generalizada", y un cuatro por ciento apuntan incluso que han sufrido torturas y malos tratos graves, denunció. En este contexto, el psiquiatra recalcó que el 63% de quienes están en los CIEs no son delincuentes, sino personas que han incurrido en una falta administrativa por carecer de papeles en regla. Según el secretario general de CEAR, Alfredo Abad, los centros de internamiento "están pensados como comisarías para una estancia corta", pero en realidad la detención se eleva a veinte días de media y puede llegar -el límite legal- a cuarenta días.
El 20% de los retenidos son africanos que han llegado a España en pateras tras viajar una media de tres a cuatro años desde su país; otro 20% son africanos que llevan varios años residiendo en España; un 40% son latinoamericanos y el resto procede de países del Este o de Asia. Una de las deficiencias más graves detectadas en los centros figura que sólo el 42 por ciento de los internados conoce el nombre de su abogado y tiene forma de contactar con él.
Interior niega todo y sólo le consta un caso en Madrid
El Ministerio del Interior negó ayer que se hayan producido malos tratos a extranjeros en los CIEs. Interior subrayó que de todos los casos denunciados por CEAR sólo ha tenido conocimiento de uno y por el que ya se abrieron diligencias que fueron remitidas a la autoridad judicial. Interior ordenó entonces una investigación interna para determinar la existencia de cualquier responsabilidad penal o disciplinaria de algún funcionario, "sin que hasta la fecha se haya podido acreditar ni tan siquiera la existencia de los episodios denunciados". También recordó que cada vez que un interno denuncia malos tratos se traslada de manera inmediata a la autoridad judicial.
