INVESTIGACIÓN DE UN CRIMEN QUE CAUSÓ CONMOCIÓN

El fin a dos años de largo silencio

La detención del alcalde de Polop y la de otras seis personas por el asesinato de su antecesor cierra el primer capítulo de la investigación pero continúa arrojando un sinfín de incógnitas

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El alcalde de Polop, Juan Cano, promulgando su inocencia días antes de ser detenido por el asesinato de su antecesor
El alcalde de Polop, Juan Cano, promulgando su inocencia días antes de ser detenido por el asesinato de su antecesor DAVID REVENGA

Los cimientos de Polop de la Marina, un pequeño municipio de unos 4.000 habitantes cercano a Benidorm, se han vuelto a sacudir esta semana. La de ahora ha sido la réplica del terremoto que la localidad vivió hace dos años y un mes, cuando su alcalde, Alejandro Ponsoda, fue acribillado a balazos en la puerta de su casa. La detención de su sucesor, Juan Cano, y de otras seis personas por su presunta implicación en el crimen, ha vuelto a poner a Polop en el punto de mira. La investigación, que se encuentra en un estado muy avanzado, sigue sin embargo arrojando numerosas incógnitas.

R. PAGÉS La respuesta a la pregunta de quién y por qué ordenó matar al alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, parece estar más cerca que nunca al poco de cumplirse el segundo aniversario de su crimen. La detención la madrugada del pasado martes de Juan Cano, el edil de Urbanismo del PP que sucedió a la víctima al frente de la Alcaldía, y de otras seis personas por su presunta vinculación con los hechos ha cerrado el primer capítulo de una sangrienta historia, más cercana al guión de una película sobre la camorra napolitana que a la tranquila vida de un pueblo que puede presumir de ser un "Oasis en la Costa Blanca". Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dan por concluidas las principales detenciones por la planificación y ejecución a tiros de Ponsoda, pero el caso sigue abierto y podría arrojar nuevos arrestos conforme vayan avanzando las pesquisas y los interrogatorios a los siete imputados por el crimen. Tampoco se han resuelto muchas incógnitas que siguen en el aire.
Lo que parece estar claro es el móvil urbanístico. Tras regresar a la lista electoral en 2007, cuatro años después de que el PP los excluyera por una grabación en la que intentaban cobrar a un empresario 25.000 euros por una licencia de vado, Alejandro Ponsoda ya no confiaba en sus ediles de Urbanismo y Turismo, Juan Cano y Ximo Montiel. El patrimonio de ambos se había disparado en los últimos años. Los dos pasaron de vivir en pisos sencillos en el casco urbano de Polop a lujosos chalés, en la misma calle y separados por poco más de 50 metros. Uno procedía de una sucursal bancaria, donde ejercía como director desde muy joven. El otro había sido representante de pilas Tudor en la Marina Baixa y, según contaba por el pueblo, ahora regentaba un resort turístico en Marruecos, donde viajaba cada quince días, y está en proceso de construir otro en Mali. Un año antes de las elecciones, en abril y junio de 2006, ambos constituyeron tres promotoras relacionadas con el ladrillo. Este proceso coincidió con el boom urbanístico que duplicó la población de Polop en menos de diez años y copó de bungalows los pies del emblemático monte Ponoig. Al parecer, tanto Cano como Montiel pretendían con su regreso al Ayuntamiento controlar el urbanismo local, hasta que Ponsoda dijo basta.
Días antes de su muerte, el alcalde comentó a algunos familiares que temía por su vida y que estaba meditando contratar a un guardaespaldas. Este dato, revelado por sus hijas Fátima y María, confirma que el edil sospechaba que alguien tramaba algo para "borrarlo del mapa". La investigación desarrollada por la UCO durante estos dos años ha logrado desenmascarar de quién temía Alejandro Ponsoda.
Su crimen se gestó en clubes de alterne de la comarca, dentro de los cuales el Mesalina jugó un papel destacado. Su encargado y uno de los propietarios están en prisión preventiva por las presuntas reuniones en las que se urdió todo. Junto a ellos, en la lista de imputados aparece también un traficante de armas que frecuentaba estos prostíbulos con asiduidad, dos porteros de puticlub y un empresario de Polop que habría actuado de intermediario entre inductores y ejecutores.
La muerte de Ponsoda se contrató por 50.000 euros y, según afirman diversas fuentes cercanas al caso, el "pelotazo" que podría haber detrás de la trama ascendería a más de doce millones. Lo que no ha trascendido aún, debido al secreto del sumario decretado por la juez, es si tras el asesinato del alcalde están unos terrenos en concreto o una forma de gestionar el urbanismo con la que Ponsoda no comulgaba. Tampoco se han localizado las armas con las que le mataron, pero sí parece haber pruebas suficientes para encausar a los siete imputados. La Guardia Civil llevaba seis meses tras su pista, tiempo durante el cual se intervinieron teléfonos de los sospechosos, incluidos el de algún cargo público.
Además, el entorno de algunos de los imputados apunta a que tras los hechos podría haber algún empresario relacionado con la construcción. Entre ellos, Antonio Martínez Camacho, abogado defensor del zapatero: "Si el trasfondo es urbanístico, tiene que haber alguien más, aunque sólo sea para que comprara los terrenos".


LOS SIETE IMPUTADOS
n Raúl M.T. fue detenido el 5 de noviembre en Albatera. Se encontraba en busca y captura desde noviembre de 2007, un mes después de producirse el crimen de Ponsoda. Había salido de prisión seis meses antes del asesinato y el viernes será juzgado por un presunto delito de narcotráfico y tenencia ilícita y tráfico de armas. Pudo ser uno de los intermediarios entre los autores intelectuales y los sicarios del crimen. Su localización por parte de los agentes de la Unidad Operativa de la Guardia Civil permitió desencadenar el arresto de los demás implicados en esta trama.
n 15 de noviembre. Los agentes de la UCO detienen un día antes de que viajara a China a Salvador R.G., un empresario zapatero de Polop considerado por la investigación como uno de los cooperadores necesarios.
n Ariel A.G., de nacionalidad uruguaya y encargado del club Mesalina, fue arrestado el 17 de noviembre. La investigación apunta a que en este club se produjeron las reuniones en las que se urdió el crimen.
n El 20 de noviembre caen otros tres de los imputados. Pedro H., copropietario del Mesalina, y R.R. y R.F., los dos sicarios checos que presuntamente dispararon contra el alcalde. El primero podría haber tenido conocimiento de las reuniones en las que se tramó el asesinato. Los segundos, que trabajaban como porteros de prostíbulos y conocían a Raúl M.T. desde 2006, son los posibles autores materiales.
n Juan Cano Giménez, alcalde de Polop tras la muerte de Alejandro Ponsoda, fue arrestado la madrugada del 24 de noviembre en su domicilio. La juez considera que fue uno de los presuntos inductores del crimen de su antecesor y, aunque continúa vigente el secreto de sumario, todo apunta al móvil urbanístico.

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