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INVESTIGACIÓN DE UN CRIMEN QUE CAUSÓ CONMOCIÓN

El asesinato de Alejandro Ponsoda se contrató por 50.000 euros

Los contactos para planear el crimen y encargárselo a los sicarios se hicieron en clubes de alterne de la Marina Baixa

 
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Imágenes del chalé del alcalde de Polop donde fue detenido y de uno de los presuntos sicarios checos acusados de tirotear a Ponsoda
Imágenes del chalé del alcalde de Polop donde fue detenido y de uno de los presuntos sicarios checos acusados de tirotear a Ponsoda 
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P. CERRADA/M. GALLEGO El asesinato por encargo del alcalde Alejandro Ponsoda costó 50.000 euros. Así se desprende de las investigaciones que ha realizado la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y que aún mantienen en secreto para garantizar que los presuntos implicados no eludan su responsabilidad ante la justicia. Tanto los seis encarcelados por este crimen como el alcalde apresado ayer se han declarado inocentes, seis de ellos tras ser apresados y el primer edil días antes tras aparecer su nombre vinculado a la trama.
Entre los testimonios recogidos a varios testigos protegidos y a otras personas con información sobre el caso, los agentes de la UCO averiguaron que dicha cifra de 50.000 euros fue la que se barajó en las reuniones celebradas en el club de alterne Mesalina de Finestrat para planear presuntamente el asesinato del alcalde de Polop.
Lo que no ha trascendido por el momento es quién pagó los 50.000 euros a los presuntos sicarios encarcelados por la juez de Villajoyosa que instruye el caso.
Además del Mesalina en la investigación de la Benemérita han salido a relucir otros clubes de alterne de la comarca de la Marina Baixa y en uno de ellos se habrían realizado los contactos para contratar a sicarios para matar a Ponsoda.
De los siete detenidos por el crimen de Ponsoda, tres han sido acusados, además del delito de asesinato, de otro de tenencia ilícita de armas, presumiblemente porque supuestamente participaron directamente en la ejecución del alcalde de Polop con dos armas de pequeño calibre. Dos de ellos son los dos ciudadanos checos arrestados la semana pasada en Benidorm y La Cala de Finestrat y el tercero es un español vecino de Albatera cuyo arresto abrió a principios de este mes la cadena de detenciones. Éste último salió de prisión seis meses antes del crimen y estaba pendiente de ser juzgado por tráfico de drogas y tenencia ilícita de cinco armas de fuego en un coche y en un domicilio de La Cala de Finestrat.
Mientras que los dos checos acusados de ser los presuntos autores materiales trabajan o han ejercido de porteros de clubes de alterne, el español frecuentaba estos locales y durante la declaración que prestó tras ser apresado reconoció que frecuentaba la zona de prostitución de la Estrada, situada en el término de Altea y donde trabaja uno de los presuntos implicados. Dos de estos tres acusados en el caso habrían tenido una relación anterior en un presunto caso de extorsión.
Por el momento, ni la Guardia Civil ni la juez del caso han preguntado en los interrogatorios por los 50.000 euros que supuestamente costó el asesinato y en cambio sí han preguntado a los presuntos implicados que ya están en prisión por cómo se ganaban la vida, los clubes que frecuentaban, si tenían alguna relación con al alcalde ahora apresado y si tenían conocimiento de las supuestas reuniones mantenidas en el interior del club Mesalina, entre otras cuestiones.

Estrategia
El hecho de que aparentemente hayan sido -como aseguró un abogado de un detenido- interrogatorios banales los que se han realizado en el juzgado instructor de Villajoyosa, puede obedecer a una estrategia de los investigadores de la UCO para no descubrir por ahora las bazas con que cuentan para probar la presunta implicación de los sospechosos arrestados.
Fuentes cercanas al caso indicaron que no se descarta que, una vez pase a disposición judicial el alcalde detenido y no aparezcan indicios para apresar a más personas, vuelvan a prestar declaración algunas de las personas que ya están en prisión por estos hechos y se les interrogue por hechos más directamente relacionados con la planificación y ejecución del crimen. Los detenidos están repartidos entre las prisiones de Fontcalent, Villena y Picassent.

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