La Guardia Civil vigilaba a los sospechosos desde hace medio año

P. CERRADA/M. GALLEGO o ha sido fruto de la casualidad o un golpe de suerte. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevaban aproximadamente medio año tras los pasos de los siete presuntos implicados que han detenido este mes por el asesinato del alcalde de Polop. Con la misma discreción que efectuaron ayer la detención del sucesor del alcalde asesinado, los investigadores de la UCO lograron identificar a las personas que podían estar vinculadas al crimen tras realizar numerosas indagaciones en el municipio de Polop y en otros puntos de la comarca de la Marina Baixa y del resto de la provincia.
Una vez centradas las sospechas sobre una compleja trama con intereses urbanísticos la Guardia Civil ha continuado durante los últimos meses buscando pruebas a pie de calle y con medios técnicos. Para ello, la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Villajoyosa autorizó que se intervinieran los teléfonos de varios sospechosos, incluidos los de algún cargo público de Polop.
El detonante que propició que la Guardia Civil iniciara las detenciones es aún un misterio, pero lo cierto es que la UCO tenía todo estudiado y bien planificado para ir deteniendo a los presuntos implicados en función del interés para el resultado de la investigación, lo que se demuestra que dejaran el arresto del actual alcalde de Polop para el final del operativo.
La Guardia Civil da por concluidas por ahora las detenciones pese a que ha barajado otros sospechosos en sus indagaciones. No obstante, la investigación sigue abierta y el análisis de la documentación intervenida en los registros, especialmente en los que se realizaron ayer en el domicilio de Juan Cano y en el Ayuntamiento de Polop, puede aportar pruebas contra los arrestados y podría provocar más adelante nuevas detenciones si aparecen revelaciones de interés.
Desde la muerte de Ponsoda las investigaciones se han centrado preferentemente en el posible móvil urbanístico pero sin descartar que estuviera relacionado con la vida personal del alcalde asesinado. El móvil de índole personal se descartó varios meses después del crimen y tras realizar indagaciones sobre varias pistas relacionadas con posibles venganzas por motivos urbanísticos la UCO localizó indicios de la presunta trama que se urdió en un club de alterne y comenzó a recomponer el puzzle y recabar paulatinamente pruebas incriminatorias.
Antes de proceder a la detención del alcalde Juan Cano la Guardia Civil tomó declaración el pasado fin de semana a tres jóvenes prostitutas, aunque se desconoce si son testigos protegidas o se les interrogó por algún asunto relacionado con las reuniones donde se planeó el crimen.
Los investigadores de la UCO ha dedicado horas y horas desde hace dos años a este complejo caso por el que no todos confiaban en que después de tanto tiempo iba a poder ser resuelto.
Cuando la juez de Villajoyosa levante el secreto de sumario se podrá conocer con exactitud las pruebas directas o indicios con que ha contado la Guardia Civil para detener hasta ahora a siete personas por su presunta relación con la muerte del alcalde Ponsoda. En un principio, las declaraciones prestadas por ahora por los seis detenidos no parecen haber arrojado mucha luz para refrendar la hipótesis de la UCO.
Alejandro Ponsoda es el tercer alcalde de la democracia española que muere asesinado. Primero fue un alcalde catalán secuestrado y asesinado por los GRAPO y más recientemente el alcalde de Fago, cuyo juicio se celebra estos días con un vecino del pueblo como acusado. El tiempo dirá quien se sienta en el banquillo de los acusados el día que se celebre el juicio por la muerte de Ponsoda, si todos los detenidos en la operación o sólo algunos como esperan algunas defensas de los presuntos implicados.