La vida municipal mientras Juan Cano ha formado parte de la corporación polopina ha estado plagada de tiranteces y desacuerdos, en especial con los partidos de la oposición, aunque también con compañeros de gobierno. Que el alcalde de Polop era quien hacía y deshacía en el Consistorio era un secreto a voces. Al contrario que Ponsoda, que delegaba prácticamente todo, Cano estaba al tanto de todos los asuntos y la mayoría pasaba por sus manos. En especial aquellos que tenían que ver con el Urbanismo. Incluso hasta los años en los que no ejerció de concejal. Antes de los comicios municipales de 2003 se quedó fuera de las listas por su presunta vinculación con el cobro ilegal de unas comisiones, un asunto del que tuvo conocimiento el PP. Según algunas fuentes, en la presunta extorsión al empresario también figuraría el edil Ximo Montiel. El caso es que aquello le costó no ir en la lista electoral.

En ese interín hasta su regreso se produjo una curiosa operación urbanística que le tuvo a él y a otro ex edil como protagonistas. En 1999, antes de aprobarse el PGOU de Polop, el ya ex concejal Jaime Narbó compró tres terrenos a un matrimonio por 60.101 euros. Dos de esas parcelas eran rústicas y la otra urbana. En el año 2004, el edil vendió las dos parcelas rústicas. Una de ellas a su padre por 7.500 euros y la otra a Juan Cano, por el mismo precio. En aquellos momentos Cano no ocupaba cargo público alguno. La parcela urbana fue vendida por Narbó a la mercantil Blauverd en noviembre del año 2005 -con el PGOU ya aprobado en 2003- por 480.000 euros. En la venta ejerció Juan Cano de representante del concejal polopino.

En cuanto a los terrenos rústicos que adquirió Cano y el padre de Jaime Narbó, ambos los vendieron el 25 de noviembre de 2005 a la mercantil Blauverd, apenas 14 días después de adjudicar la condición de agente urbanizador del sector 8 Teulería-La Paz a dicha empresa. La del padre de Jaime Narbó por un precio de 240.000 euros y la de Juan Cano por 290.000. Es decir, lo que le había costado a Cano 7.500 euros en 2004, lo vendió un año después por un precio 38 veces superior. Y a todo ello, el concejal Jaime Narbó votó en el pleno la adjudicación del plan parcial en el que tenía terrenos, sin ausentarse de la sesión.

Fuentes municipales aseguran que Ponsoda era la persona del partido que atraía los votos en las elecciones pero que, una vez formado gobierno, delegaba casi todas las funciones en sus concejales. En el caso del Urbanismo, el móvil más probable de este crimen, Cano acaparaba todo el protagonismo. "Ponsoda no ejercía nada más que de alcalde. En la época de Cano era él quien cortaba el bacalao. Si en un pleno se le hacían preguntas al alcalde, era Cano el que contestaba la mayoría de las veces", argumentaban las fuentes consultadas.

Esas mismas fuentes inciden en que el suceso del vado en el que presuntamente habría reclamado dinero a un empresario "daba a entender que ese juego se extendía a otras facetas". Pese a que Cano siempre ha insistido en que los planes urbanísticos, once en total, llevaban años aprobados y que no se ha llevado a cabo ninguna actuación posterior, lo cierto es que "se ha seguido comprando y vendiendo suelo y siempre queda alguna guinda en el pastel", agregaron las fuentes consultadas, que señalaron a Cano al afirmar que "si quedaba algo aprovechable por ahí, él lo sabía".

Juan Cano, a lo largo de estos días, también había expresado en todo momento su convencimiento de que el móvil del asesinato de su antecesor tenía que ver con el ámbito personal de Ponsoda. Una hipótesis que barajó la investigación, pero que perdió fuerza con el paso del tiempo. Incluso después de las primeras detenciones, el primer edil seguía insistiendo en lo mismo. Seguramente con la intención de desviar la atención. Mientras tanto, las fuentes consultadas insisten en que habrá más detenciones de personas vinculadas a las compraventas de terrenos y a la recalificación de suelo de rústicos a urbanizables.