La Audiencia Provincial pide una Ley Integral de la Víctima en el proceso penal

EFE INFORMACION.ES

Un decálogo elaborado por la Audiencia de Alicante subraya la necesidad de una Ley integral de la víctima en el proceso penal, por la que éstas gocen de un estatuto propio y específico distinto del que ahora tienen como un testigo más del proceso penal, según han informado hoy fuentes judiciales.

La citada ley, cuya puesta en marcha reivindica el órgano judicial provincial, debe incluir que todas las víctimas, incluidas las de género, deben gozar del citado estatuto y no quedar ajustadas a la actual figura testifical.

El decálogo, que ha sido suscrito por todas las instituciones y asociaciones representativas de la provincia de Alicante, ha sido presentado esta mañana en el marco de la celebración del Día Mundial contra la Violencia de Género.

"Si muchas víctimas se niegan a declarar contra sus agresores tras haberles denunciado y otras incluso se niegan a denunciarles es porque todavía no les hemos podido trasladar la seguridad que deben tener para dar ese paso", añade el texto aprobado.

Según la Audiencia Provincial de Alicante, "si la víctima está insegura, no denunciará ni declarará contra su agresor".

Por ello, añade el decálogo, "la sociedad debe transmitir seguridad a la víctima, pero no sólo con palabras o leyes, sino con hechos para que éstas sepan que detrás de su aparente soledad la sociedad las apoya".

"No podemos permitir que muchas víctimas de violencia de género sigan muriendo por haber tomado la decisión de recuperar la libertad que perdieron cuando iniciaron la relación con quien luego les maltrató", sostiene el documento.

Por ello, según añade, "hay que insistir en que dejarles -a sus compañeros- es la única solución; no la mejor".

De hecho, la institución judicial entiende que esta decisión precisa de ayudas sociales y laborales "sin las que la letra de las intenciones sólo se queda en eso y las realidades de las víctimas son distintas a las que dibujamos en un papel que luego convertimos en ley".

Según el citado documento, la violencia de género es "un problema de todos" en cuya lucha la coordinación entre las Administraciones es vital para evitar errores y mejorar la implantación de protocolos de coordinación.

La violencia de género, según este documento, es un delito "muy distinto de otros" contemplado en el Código Penal, por lo que, "todo el ámbito legislativo" correspondiente a este delito debe ser tratado de una forma especial.

Por último, el decálogo contempla como "una realidad incuestionable" que las víctimas de violencia de género son distintas a las víctimas de otros delitos.