bjetivo: cerrar 2009 con más de 200.000 multas de tráfico. Los ayuntamientos alicantinos tienen previsto batir este año todos los récords de recaudación y aliviar así sus maltrechas arcas municipales, exiguas desde hace meses por el desplome del ladrillo. La Memoria de 2008 de Suma, el organismo de la Diputación que se encarga de gestionar las sanciones de tráfico de 84 municipios de la provincia, explicita en sus páginas ese objetivo y desvela que durante el pasado año se rompió la tendencia alcista del último lustro. 2008 se cerró con 172.875 sanciones, 14.525 menos que en el ejercicio anterior, y eso que seis municipios decidieron ceder a Suma la gestión de sus multas (Algorfa, Crevillent, El Campello, Els Poblets, Ibi y Monóvar). El importe total de esas infracciones ascendió a 15,1 millones, mientras que la previsión para 2009 pasa por alcanzar al menos los 17,5.
El presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, denunció ayer el "afán recaudatorio" de los consistorios alicantinos y subrayó que esta estrategia se está dando a nivel nacional. "Se están usando las multas para nivelar los presupuestos municipales y se están convirtiendo en un impuesto más. Eso es inaceptable", recalcó.
El principal problema radica en el progresivo deterioro del mercado inmobiliario. El número de transacciones inmobiliarias no termina de repuntar y Alicante acumula un importante stock de viviendas de primera mano sin vender. Esa parálisis del mercado ha congelado la construcción de nuevas promociones y, por ende, ha privado a los ayuntamientos de percibir jugosas cantidades por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y por las tasas urbanísticas. Estos dos conceptos han cimentado los presupuestos municipales de muchas poblaciones en la época del boom y ahora, en plena crisis, los concejales de Hacienda aún se preguntan cómo confeccionar las cuentas del próximo año (la mayoría de los consistorios ya está trabajando en ellas) sin que el impacto del crack del ladrillo se deje notar en exceso. Y de momento, las multas de tráfico se postulan como una vía de escape para reactivar la liquidez municipal. Eso sí, siempre por detrás del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el verdadero motor económico de los ayuntamientos.
Alicante capital, que gestiona las infracciones de tráfico al margen de Suma, aspira a cerrar el año con 4,7 millones de euros recaudados por este concepto, según adelantó el concejal Juan Zaragoza en la presentación de los presupuestos de 2009. Benidorm ha presupuestado 2,7 millones, Torrevieja, Sant Joan d'Alacant y Orihuela confían en alcanzar los 600.000 euros, mientras que poblaciones como Mutxamel se conforman con 110.000.
Nueva normativa
Desde mediados de 2010, cuando previsiblemente entre en vigor la nueva Ley de Tráfico, los municipios verán engrosados sus ingresos por las multas. La normativa que se aplicará desde junio prevé, en primer lugar, un aumento en el importe de las sanciones, según explica el presidente de Automovilistas Europeos Asociados. "Las infracciones leves que ahora conllevan una sanción media de 40 euros (cada consistorio estipula la cantidad que estima oportuna dentro de unos márgenes) pasarán a costar 130 euros", denuncia. A esa cantidad se le aplicará un descuento del 50% si se abona en 20 días.
En segundo lugar, la ley "cercenará" las posibilidades de defensa de los conductores. A día de hoy, los ciudadanos que reciben una sanción pueden recurrirla y hasta que no se resuelven sus alegaciones, no están obligados a pagarla. Cuando entre en funcionamiento la nueva normativa "habrá que pagar la multa de antemano y luego se resolverá el recurso", destaca Arnaldo.
La Ley de Tráfico, impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias, según explica el presidente del colectivo, "aumentará el plazo de prescripción de las sanciones". En la actualidad, la administración dispone de 12 meses para cobrar las multas que no se han pagado dentro del periodo voluntario, mientras que desde junio dispondrá de cuatro años.
