El juez Antonio Pedreira investiga la vinculación de la red de Francisco Correa y El Bigotes con la visita del Papa y ya ha solicitado documentos a la fundación que organizó la visita, tal y como confirmó la consellera Paula Sánchez de León al término de al reunión semanal del Consell. El instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no sólo ha requerido documentos a la entidad que organizó la visita -cuya gestión controlaba el Consell, el Ayuntamiento de Valencia y el Arzobispado- sino también a Canal 9 por adjudicar un contrato de sonorización para la retransmisión televisiva del evento a una mercantil que, a su vez, habría desviado parte de esos ingresos, alrededor de un millón de euros de acuerdo a los informes policiales, a las arcas de la red Gürtel.

La portavoz del Consell confirmó, durante su habitual comparecencia semanal, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su investigación del caso Gürtel, ha solicitado documentación a un organismo público de la Generalitat. En este sentido, explicó que el juez Pedreira ha pedido una serie de archivos a la Fundación del V Encuentro Mundial de las Familias, participada por la Generalitat. Como se recordará, en una de las grabaciones incluidas en el sumario, El Bigotes, delegado de la red Gürtel en Valencia y responsable de Orange Market, alardea de que el Consell va a nombrarle coordinador de la visita del Papa.

La confirmación de Sánchez de León se une a las declaraciones ya realizadas por el director general de RTVV, José López Jaraba, que informó que el contrato del ente con uno de los proveedores de la visita del Papa, la empresa Teconsa, también fue remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Un informe policial, realizado con motivo del caso Gürtel, revela que Ràdio Televisió Valenciana abonó 6,4 millones de euros a la citada mercantil para la sonorización del acto, un trabajo que ésta subcontrató por tres millones y que benefició a la trama Gürtel con un millón de euros en comisiones.

Por otra parte, la consellera de Justicia reiteró que el sistema de escuchas utilizado en el caso Gürtel "no garantiza los derechos fundamentales" y añadió que, si se llegara a demostrar que han sido vulnerados algunos derechos, se ejercerían las acciones "necesarias para restituir los derechos vulnerados". Preguntada de nuevo sobre si pedirían la suspensión del proceso en caso de que así se demostrara, Sánchez de León subrayó que "si fuera motivo para suspender, por supuesto" que lo pedirían, pero que no era una cuestión sobre la que se pudiera pronunciar.