Hasta dónde hemos llegado y adónde vamos a llegar? Ésta es la pregunta que se hacía ayer la comunidad educativa de la provincia tras conocer que un profesor del colegio público Juan Bautista Llorca de Alicante tuvo que sentarse en el banquillo el jueves para ser juzgado por la denuncia que un padre interpuso contra él por los castigos impuestos a una alumna de Sexto de Primaria que no hizo los deberes. Directores, padres y sindicatos consideran desmesurado que el caso llegase al juzgado y abogan por mejorar la comunicación entre las familias y los docentes para que incidentes similares se resuelvan dentro del ámbito escolar, no del judicial. Para lograrlo, piden más implicación de la Conselleria de Educación.
El profesor reconoce que sancionó a la alumna con la realización de cien copias de la frase "debo hacer lo que me manden" y que ante los reiterados incumplimientos de sus obligaciones escolares la envió al fondo de la clase en otra ocasión, como ya informó ayer este diario. Pero el padre de la menor le acusa de una falta de vejaciones y otra de maltrato por las que solicitan una multa de más de mil euros al considerar que "las copias las tuvo que realizar en horas de clase, lo que le impedía prestar atención" y que el castigo de irse al final del aula "de cara a la pared, le produjo tal humillación que terminó vomitando y fue obligada a recogerlo", según explicó el letrado de la acusación particular, Jaime Martín de Santa Olalla, tras el juicio. El docente negó que la niña vomitase y que le hiciera limpiar nada y ningún testigo declaró en la vista.
El fiscal calificó de "descabellada" la denuncia y en ello parece coincidir gran parte de la comunidad educativa.
El portavoz de los directores de Infantil y Primaria de la provincia, Ginés Pérez, considera que las medidas que impuso el profesor "son habituales y no constituyen ningún maltrato, ni vejación, ni discriminación". En su opinión, "los padres tienen que reflexionar acerca de que los hijos tienen derechos, pero también deberes". Incide en que "nosotros somos profesionales y sabemos cómo se debe enseñar". Por ello, Pérez argumenta que "lo normal en este caso hubiese sido que los padres hubiesen ido a hablar primero con el profesor y con el director antes de acudir al juzgado". Algo que no hizo el padre denunciante, como confirmaron a este diario tanto el docente como el responsable del colegio.
Para el representante de los directores, "los niños tienen que saber que no cumplir con sus obligaciones tiene una consecuencia y la decisión de ir al juzgado es desorbitada y fuera de contexto".
Mientras, el director del colegio público Gloria Fuertes y representante de los directores en el Consejo Escolar Municipal de Alicante, Jaime Quiñones, critica la repercusión de los hechos y asegura que con acciones como ésta "la autoridad de los docentes queda por los suelos". La sanción aplicada a la alumna "es una cuestión meramente educativa, en la que no hay maltrato ni vejación; los alumnos deben saber que no todo es 'jauja'" y que debe haber algún tipo de castigo". Lamenta "que se esté desprestigiando la carrera de los maestros".
Hasta el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, se pronunció ayer sobre este caso al afirmar que las sanciones en el ámbito educativo "no son la mejor de las soluciones, pero son muchas veces una necesidad que debe ir acompañada de procesos con alcance pedagógico, de mediación y de recuperación de valores".
Desde la FAPA Gabriel Miró prefieren no entrar a valorar quién tiene o no la razón en este asunto, pero el secretario técnico, Joaquín García, alude a la "tristeza" que le produce "que nuestro sistema educativo no sea capaz de resolver estos casos internamente" y pide mayor implicación de la administración "para mejorar los planes de convivencia". Al respecto, señala que "hay que trabajar en proyectos que busquen la implicación de las familias". Coincide al reprochar "que sea un juzgado el que tenga que resolver lo que debería hacer un centro educativo".
Para el presidente de la FAPA Enric Valor, Luis Deltell, este caso viene a demostrar "la falta total de comunicación entre padres y profesores". Según advierte, "nadie facilita ese diálogo y es una labor de la administración, que debe plantearse qué pasa para que esto ocurra".
Por parte de los sindicatos, el delegado del STEPV en la provincia, Manuel Serrano, considera que los castigos impuestos por el profesor "no son muy pedagógicos, pero de ahí a ir al juzgado hay un abismo". También indica que "se hubiese solucionado hablando con el profesor y el director porque los jueces no están para estas cosas".
El secretario de Salud Laboral de Fete-UGT-PV, Francisco Crespo, califica como "muy exagerado y fuera de lugar" que llegase a juzgarse al profesor.
La Conselleria de Educación confirmaron que el padre sí presentó una queja por estos hechos ante los servicios territoriales y aseguraron que este tipo de quejas son muy puntuales.
Por su parte, el padre de la menor y denunciante calificó ayer de "desbordada y exagerada" la información publicada sobre el juicio al profesor de su hija, si bien se negó a precisar los motivos de sus calificativos.
