REDACCIÓN
El PP de las Cortes rechazó ayer en solitario una iniciativa de los socialistas en la que solicitaba la comparecencia del responsable de Orange Market, empresa vinculada al caso Gürtel, Álvaro Pérez Alonso El Bigotes, para dar cuenta de su intermediación en la visita del Papa a Valencia, evento del que la Generalitat se ha negado hasta ahora a entregar las cuentas. La diputada del PP, Asunción Quinzá, aseguró que su formación no iba a participar en esta "charlotada", apuntó que a las Cortes Valencianas se va a hablar de "debates serios" y argumentó que este asunto está pendiente de una investigación judicial.
Todo lo contrario piensa la oposición. El socialista José Camarasa aseguró que "resulta muy llamativo que, con motivo de la visita del Papa, Canal Nou contrate a una empresa constructora -Teconsa- para prestar servicios relacionados con aparados acústicos y electrónicos", cuando la mercantil no tiene por objeto social, "a día de hoy", estos servicios. Camarasa recordó el informe de la unidad de blanqueo de capitales de la Policía que pone negro sobre blanco que, en esa operación, se desvió casi un millón de euros en comisiones para la red Gürtel. "Si a las empresas de construcción se le adjudican contratos de sonorización, no sería de extrañar que cualquier día adjudiquen obras civiles a las compañías de sonorización", ironizó Camarasa.
Mireia Mollà, diputada de Compromís -el grupo que comparten en las Cortes el Bloc e Iniciativa-, recordó que El Bigotes representaba a una empresa que "trabajaba para el Consell en lo formal" pero que en realidad "lo hacía para el PP con el dinero de los valencianos". Los argumentos de la oposición cayeron en saco roto. De la misma manera, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, pidió la comparecencia del jefe del Consell, Francisco Camps, en las Cortes para que explique la vinculación de la operación Gürtel con "la investigación de Radio Televisión Valenciana y cómo afecta a sus finanzas".
Por su parte, los diputados socialistas Ángel Luna, Ximo Puig, Carmen Ninet y Cristina Moreno se presentaron ayer en el TSJ para ratificar la querella contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y varios empresarios, por los presuntos delitos de financiación irregular, cohecho, malversación, falsedad, prevaricación, alteración contable y delito fiscal. Los socialistas otorgaron un poder especial a los procuradores, que en el momento de presentar el escrito no se adjuntó para continuar con la tramitación. "Ha sido todo muy breve, y muy rápido", explicó Luna. Tendrá que decidir sobre la admisión a trámite el juez José Francisco Ceres que, con su voto, optó por el archivo de la causa contra Camps por cohecho y del caso de los aparcamientos en Alicante. La Cierval criticó que el PSPV no aprovechara para excluir a los empresarios de la querella.