J. A M.
Culpable por unanimidad. Ese fue el veredicto alcanzado ayer por unanimidad por el jurado popular en el juicio por el crimen de la tienda de artículos eróticos Pikardías de Alicante. Sin embargo, este veredicto era un mero trámite, ya que el propio acusado, José Carlos Martín, de 43 años, había admitido todas las acusaciones tras cerrar el fiscal y el abogado un acuerdo que evitara el juicio. En aplicación de ese acuerdo, el fiscal ha bajado de 16 a 15 años la pena solicitada para el acusado por un delito de asesinato. La única atenuante que aplica para el acusado es la de confesión, porque llamó a la Policía para avisar del crimen. De todas maneras, el jurado ha expresado en su veredicto que no es partidario de que el asesino se beneficie de algún indulto.
Los hechos ocurrieron el 30 de septiembre del año pasado cuando el acusado entró en el establecimiento Pikardías de la calle Reyes Católicos y, sin ningún motivo apuñaló a la dueña de 52 años hasta la muerte. El fiscal le define como un "psicópata" con alto riesgo de que reincida. De hecho, cuando cometió el crimen acababa de salir del psiquiátrico tras haber cumplido condena por haber intentado asesinar a tres dependientas en Zaragoza.
Ayer se presentó otra vez con pasamontañas en la Audiencia. Esta vez no había ni cámaras, ni familiares de la fallecida, que tampoco estuvieron en la sala para la lectura del veredicto. Por ello, finalmente optó por ir con la cara descubierta. El jurado apenas tuvo que estar reunido durante una hora para cerrar el veredicto y leerlo a la sala, hecho que se produjo sobre las once de la mañana.
El fiscal pidió entonces que se le impusiera la pena de 15 años de prisión y reclamó indemnizaciones para el marido y los dos hijos de la mujer asesinada. Para el primero, se reclaman 112.000 euros; mientras que para los dos hijos otra de 60.000 euros para cada uno de ellos.
El abogado defensor del acusado no intervino para pedir nada. Por expreso deseo de su patrocinado, no se ha cuestionado nada de lo que planteaba el fiscal. Ni siquiera se ha puesto el énfasis en el estado mental del acusado. Los forenses reconocen que el acusado sufre un trastorno antisocial de personalidad. El fiscal considera que este trastorno no disminuye su imputabilidad por estos hechos, motivo por el que se pida la pena de cárcel y no el ingreso en un centro psiquiátrico, como cumplió la condena anterior.
En el momento en que ocurrió el crimen, el acusado llevaba cuatro meses en libertad. La noche de los hechos accedió al local con un cuchillo que había comprado en un bazar chino de las inmediaciones. Cuando la dependienta se giró para mostrarle un artículo la agarró por detrás y le dio tres cuchilladas en el cuello. Después la dejó desangrándose en el suelo e intentó limpiar la sangre para que no se viera desde el exterior. Volvió en taxi a El Campello, donde residía desde que había salido del psiquiátrico, y confesó los hechos a su padre, a quien llamó por teléfono a Zaragoza. Fue su padre el que le convenció para que confesara los hechos y se entregara a la Policía. Éste es la única atenuante que se ha contemplado para el acusado por el asesinato por la Fiscalía.
En breve, el magistrado deberá poner la sentencia concretando tanto las penas como las indemnizaciones que se le impondrán al acusado, previsiblemente será lo mismo que ha solicitado el ministerio público.