VICTORIA BUENO
Permanecer en las aulas obligatoriamente hasta los 18 años -actualmente son dos menos, hasta los 16- implica un profundo cambio en la estructura del sistema educativo, de ahí que tanto padres como profesores de los distintos sectores educativos de la provincia vean la iniciativa que ha lanzado el ministro Ángel Gabilondo con buenos ojos, pero a largo plazo.
"Y antes que nada exige una mentalización social de que la cultura es un valor intrínseco, de que a más formación, mejor empleo". Joan Pérez, portavoz de los directores de los centros de adultos, teme que si no se mentaliza a la sociedad previamente se produzca un rechazo similar al que ha tenido la Logse con la obligatoriedad de mantener a los chicos en el aula hasta los 16 años -la legislación anterior se quedaba en los 14 años-.
Son esos centros de adultos que han visto sobrepasar su matrícula de modo extraordinario este curso a consecuencia precisamente de la vuelta a las aulas de alumnos que huyeron demasiado pronto del sistema -en la Comunidad el fracaso escolar y el abandono de quienes no obtienen el graduado escolar como un mínimo obligatorio ronda el 40%- por perseguir un trabajo que les ha dado dinero fácil durante unos años pero del que han salido de nuevo por culpa de la crisis y una precaria formación.
"Por eso es necesario hablar de estímulos y no de educación obligatoria. De proporcionar más formación a los jóvenes con el aliciente de un trabajo atractivo que perciban desde las aulas", añade el portavoz de la asociación de inspectores Adide-PV, Vicente Díaz. Estímulos del tipo de que no se pueda ir a una autoescuela a sacarse el carné de conducir sin antes acreditar determinados niveles de formación, ejemplifica el propio Díaz.
Los directores de los institutos vinculan directamente esta iniciativa ministerial con la necesidad de adoptar medidas contra el abultado fracaso escolar que sufrimos. Apuestan por hacer más flexible el bachillerato, de forma que se pueda cursar en tres años y no en dos "porque ahora está muy condensado y el paso de la ESO al Bachillerato lo notan mucho los alumnos", como apunta la portavoz provincial de directores de Secundaria, Laura Oliva.
De la misma forma dirigen su mirada hacia un aumento considerable de la oferta de Formación Profesional (FP), cuyas aulas se han visto igualmente desbordadas este curso a consecuencia del crecimiento del paro. En la provincia la matrícula ha aumentado de golpe un 7% para cursar ciclos formativos e incluso la conselleria se vio obligada a aumentar el número de aulas (medio centenar más) una vez iniciado el curso a consecuencia de la presión de esta demanda.
Pero piden más y mejor, es decir, que la FP responda a las necesidades reales del mercado laboral e incluya la formación en idiomas, la eterna asignatura pendiente de nuestras aulas. Y cambios tan profundos necesitan ir acompañados de una importante inyección económica, como coinciden en señalar los presidentes de las formaciones mayoritarias de padres de alumnos.
Gemma Piqué, por la Confederación Gonzalo Anaya, destaca su voto a favor para que los jóvenes continúen dos años más en las aulas: "A más años de formación, mejor preparación académica para vivir en una sociedad democrática", precisa, pero añade que "cualquier propuesta es inviable si no va acompañada de un plan estratégico económico", principalmente para que no se prolongue dos años más la falta de recursos "que afecta hoy al sistema educativo".
En la misma línea el presidente de la FAPA provincial Gabriel Miró, Ramón López, concreta que el sistema actual no está preparado para un cambio de tanto calado, pero que podría ser el tema estrella del pacto que también preconiza el ministro Gabilondo "siempre que se antepusiera una mejora sustancial en la formación del profesorado y en los niveles de inversión económica para acoger a tantos jóvenes más".
Esos tantos jóvenes sumarían hasta 27.000 en la provincia de Alicante dado que actualmente estudian 41.000 alumnos con edades entre 17 y 18 años en el Bachillerato y la FP, y que el 40% restante -los citados 27.000- conforman las cifras de abandono y fracaso escolar tras los 16 años. "Sin duda remitirían las cifras del paro, pero tiene que invertirse mucho dinero para una educación de calidad y que no quede todo en una mera estadística", concluye López.
Javier González, desde el sector docente en Fete-UGT, también reclama un análisis pausado de la medida, aunque de entrada le parece bien porque el resto de Europa se ha propuesto alcanzar un 85% de alumnos con estudios postobligatorios -bachillerato y FP actuales- el año próximo y nosotros estamos 25 puntos por debajo. "Hay que medir bien los mecanismos de enganche del alumnado -puntualiza- para salvar las reticencias del profesorado ante la dificultad de escolarizarlos obligatoriamente y no agravar el problema de golpe".
En dos palabras: reflexión y consenso.
