REDACCIÓN
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha citado para mañana a los diputados del PSPV-PSOE Ángel Luna, Joaquín Puig, Carmen Ninet y Cristina Moreno para que ratifiquen la querella presentada contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por prevaricación y financiación irregular del PPCV, entre otros delitos. Según fuentes del alto tribunal autonómico, el escrito de la querella presentado días atrás "debió ir acompañado de un poder especial [para los procuradores] que no se adjuntó", por lo que la Sala ha optado por llamar a estos cuatro diputados socialistas para que subsanen este defecto de forma, ratifiquen su acción judicial y "otorgue el poder necesario para continuar con su tramitación".
La querella fue presentada el pasado 9 de noviembre y está dirigida contra otros dirigentes del PP como Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García; miembros del Gobierno valenciano, como el vicepresidente Vicente Rambla; cabecillas de la "trama Gürtel", como Francisco Correa y Álvaro Pérez y constructoras como Ortiz e Hijos, Facsa, Sedesa y Lubasa.
Según el portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes, Ángel Luna, la querella se interpuso por los delitos de cohecho, malversación, falsedad, financiación irregular, prevaricación, alteración contable y delito fiscal.
Esta acción judicial cuenta con el respaldo de la dirección del PSOE y se presentó por no poder realizar "un control político" de los hechos denunciados por el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales sobre una supuesta trama de financiación ilegal del PP de la Comunidad.
En opinión de Luna, hay pruebas de una relación entre la trama y el Consell "en el establecimiento de un sistema de financiación de los actos que Orange Market hacía para el PPCV a partir de una doble facturación que ha permitido que la mayor parte de la actividad propagandística del PP permaneciera al margen de la legalidad". Varias de las empresas incluidas en la querella han anunciado, a su vez, que emprenderán acciones judiciales para preservar su buena imagen.