VICTORIA BUENO
El Consell prepara una nueva normativa que coordina sobre el papel la acción de las consellerias de Educación y de Bienestar Social para aquellos escolares que se considere que están en situación de riesgo porque han podido sufrir mal trato o una deficiente alimentación, pero en ningún caso este nuevo protocolo introduce recursos distintos de los actuales, por lo que los centros educativos consultados lamentan que en realidad todo quede en nuevas notificaciones oficiales.
Recientemente saltó a las televisiones del país el modo de proceder del profesorado de uno de los institutos de Alicante porque, ante la demora de la atención de los servicios sociales para con las familias de algunos de sus alumnos, decidieron poner dinero voluntariamente para comprarles un bocadillo a media mañana en la cafetería del centro y que ese déficit de alimentación que sufren no repercuta en sus estudios.
La nueva orden implica de un modo formal la actuación de Bienestar Social en cuanto el profesorado complete un cuestionario en le que puede señalar hasta 33 indicadores de riesgo observados en los escolares y que abarcan temas de salud e higiene, emocionales, de escolarización y de conducta: "Viene al centro sin desayunar y no trae almuerzo. Pide comida o parece tener hambre", o bien "presenta problemas de higiene", "cambios bruscos en su rendimiento escolar" o "muestra apatía y desinterés por todo" entre otros.
La Conselleria de Educación debate esta mañana con los representantes docentes el borrador de la nueva orden que, en opinión de algunos de los centros consultados "simplifica algo el trámite porque actualmente la comunicación sobre estos extremos está muy burocratizada", entre los puntos más positivos que alcanzan a ver en la futura norma. Sin embargo se muestran en general muy críticos con la efectividad de esta coordinación entre las consellerias porque entienden que sin un incremento real de la atención social "la situación se quedará como actualmente".
De hecho existen protocolos para atajar el absentismo en casi todas las localidades de la provincia, como recuerda la portavoz de los directores de Secundaria, Laura Oliva, "pero siempre falla en cuanto es necesario hacer un seguimiento del menor externo al que se hace en las aulas y en este caso depende de cada ayuntamiento y sus medios".
Por eso en los centros demandan aun antes de que el borrador de esta orden resulte aprobado que "se incrementen los recursos sociales vinculándolo al nuevo protocolo para la notificación de los casos".
La orden que firman la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, y el conseller de Educación Alejandro, Font de Mora, contempla la "detección y notificación de las situaciones de desprotección del menor en su investigación y en la intervención y ejecución jurídica acordada".