La Generalitat centralizará la prestación de los servicios públicos en 15 ciudades

J. M. VIGARA E?l Consell centralizará los servicios públicos en 15 ciudades de la Comunidad con el objetivo de aprovechar mejor los recursos, planificar el crecimiento económico y territorial de forma integral, y fijar una colaboración más estrecha entre las instituciones del ámbito local, comarcal, regional y estatal. Ésta es una de las conclusiones expuesta en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), que han diseñado diversos expertos por encargo de la Generalitat y que actualmente está en proceso de exposición pública.
Este apartado 25 del documento "Metas+Propuestas" aborda la figura de la Gobernanza Territorial, incidiendo en la necesidad de gestionar y planificar los equipamientos públicos con un criterio supramunicipal y supracomarcal. Por eso, propone dividir el territorio en 15 áreas y potenciar las dotaciones sociosanitarias de sus cabeceras. El objetivo es que los municipios más pequeños puedan compartir las infraestructuras culturales, sociales y ambientales con ellas. De este modo también se ahorraría dinero y se utilizarían los recursos naturales y humanos de manera más eficiente.
La provincia de Alicante comprendería seis de las 15 áreas funcionales previstas: Marina Alta, Marina Baixa, Alcoy, El Vinalopó, Alicante-Elche y la Vega Baja. Las cabeceras respectivas serían Dénia, Benidorm, Alcoy, Elda, Alicante y Orihuela. El resto del territorio autonómico quedaría conformado por las áreas de Els Ports-Baix Maestrat, Castellón, El Valle del Palancia, Valencia, Ribera del Xúquer, Requena-Utiel, Xàtiva, la Vall d'Albaida y la Safor.
El estudio plantea las necesidad de "desarrollar fórmulas innovadoras de gobernanza territorial". Esto se materializaría en crear servicios en materias como la promoción social, la gestión de residuos, agua y limpieza, el medio ambiente y la ordenación del territorio, las infraestructuras, el transporte y las comunicaciones, la promoción de sectores productivos y el desarrollo local, la protección, promoción y difusión cultural, y el asesoramiento.
Una de las apuestas del futuro pasa por reforzar el papel de las mancomunidades y los consorcios porque son "flexibles" y "prestan servicios" a municipios pequeños, "para conseguir las necesarias economías de escala", señalan los autores del informe. Ambos tipos de organismos, añaden, "se deben impulsar para el desarrollo de la gestión de los Planes de Acción Territorial, aspecto en el que los Programas para la Sostenibilidad y la Calidad de Vida constituyen los instrumentos más apropiados".
Por ende, se instituirán unos órganos de nueva creación, denominadas "entidades gestoras de la planificación supralocal", que se organizarían como mancomunidades o consorcios, cuyas principales funciones serán las de liderar, en cada área funcional, la elaboración de los programas socioeconómicos y ambientales, y la gestión de los mismos, así como los procesos de participación de los ciudadanos y de los agentes implicados en cada proyecto.
Estos entes supracomarcales, no tendrán "un gran aparato burocrático ni deberán constituirse en otra estructura política". Agruparán a los municipios que voluntariamente se incorporen, y contarán "con una representación de la Generalitat y otra de la Diputación o Diputaciones implicadas". Igualmente, serán interlocutores válidos ante la Generalitat y el Estado.

Consenso institucional
Asimismo, la ETCV advierte que es necesario que las Administraciones gestionen todos los procesos desde "la búsqueda de los máximos consensos entre los actores" y huyendo de "las tradicionales fórmulas impositivas", en las que la información y participación son sólo "un requisito formal que en nada afecta a las decisiones tomadas de antemano". Entre los objetivos que se plantea la Generalitat figura que para 2015, el 100 por 100 del territorio de la Comunidad debe estar ordenado mediante instrumentos de planificación subregional integrados, dato que contrasta con el estado actual: el 0 por ciento.
Además, en 2015, el 75 por ciento de los municipios deberán tener aprobadas las Agendas 21, y en 2030, el 100 por 100. Los redactores del plan recomiendan implantar la figura del "consorcio territorial" para "la mejora de la coordinación y cooperación entre administraciones y entre éstas y los actores privados". Para 2015, se deberán crear 15 grandes consorcios y para 2030, 50.
Igualmente, hay que reducir la conflictividad en el territorio. Para ello, es preciso disminuir el número de diligencias previas de la Fiscalía en materia de ordenación del territorio y la protección del patrimonio histório y del medio ambiente. En la actualidad hay al menos 169 denuncias al año, que deberían reducirse a 85, como cifra estimativa en 2015, y a cero, en 2030.