Enrique Ortiz se ´sorprende´ de que firme la querella un ex empleado suyo

P. ROSTOLL Enrique Ortiz ratificó ayer que se defenderá en los tribunales del intento de los socialistas de vincularlo con la operación Gürtel y se mostró extrañado de que el síndic del PSPV en las Cortes, Ángel Luna, que trabajó durante varios años como directivo de su empresa, sea uno de los firmantes de la querella con la que los socialistas pretenden forzar una investigación sobre una supuesta red de financiación ilegal del PP con la participación del propio partido, cinco constructoras contratistas de la Generalitat y la cúpula de la trama Gürtel. Todo ello mientras en las filas socialistas crece el malestar con Jorge Alarte por la forma utilizada para presentar la querella: no sólo una parte significativa del grupo en las Cortes -diputados lermistas, Ximo Puig o Ana Noguera- cuestiona la estrategia sino que, igualmente, la cúpula del PSPV en la provincia, afín a Leire Pajín, también está molesta por la vía a través de la que se ha presentado la denuncia.
Después de una reunión en el Ayuntamiento de Alicante como máximo accionista del Hércules con la alcaldesa Sonia Castedo y el portavoz del grupo municipal socialista, Roque Moreno, sobre el futuro del estadio Rico Pérez, Enrique Ortiz dijo estar "sorprendido" por la presencia de Luna entre los firmantes de la querella. El actual síndic del PSPV en las Cortes dejó el Ayuntamiento de Alicante tras las elecciones municipales de 1995. Había sido alcalde desde el 1991 pero cuatro años más tarde Luis Díaz Alperi le batió y consiguió su primera mayoría absoluta. En ese escenario, Ángel Luna dejó su acta de concejal tras el fracaso electoral y trabajó durante un tiempo para un bufete de abogados, puesto desde el que fue rescatado por Enrique Ortiz como directivo de su firma.
El empresario alicantino advirtió de que "va a defender su honorabilidad" sin ir "ni a favor ni en contra" de nadie. "Nosotros somos una empresa honesta, con muchos años trabajando", apuntó Enrique Ortiz antes de añadir que el grupo Cívica -el conglomerado de sociedades que controla el empresario alicantino- tiene "la responsabilidad de muchos trabajadores" por lo que tienen que defender que son "gente seria" al igual que lo han sido "años atrás, gobierne quien gobierne". "Defenderemos nuestra honorabilidad como haga falta", subrayó Ortiz.
Mientras tanto, la batalla judicial de Jorge Alarte y de Ángel Luna para forzar una investigación sobre las finanzas del PP sigue generando tensión y rechazo en las filas socialistas. No sólo en el grupo parlamentario en las Cortes Valencianas hay voces que cuestionan la necesidad de abrir una enorme brecha con el empresariado. En la cúpula del PSPV en la provincia de Alicante, controlada por los seguidores de Leire Pajín, también se pone serios reparos a la forma de actuar de la dirección de los socialistas valencianos, que habría registrado la querella sin contar con las organizaciones territoriales del partido.
Dirigentes alicantinos temen que, finalmente, el resultado del proceso judicial se pueda volver en contra del PSPV y creen, en cualquier caso, que hubiera sido mucho más prudente esperar. ¿Hasta cuándo? Los socialistas alicantinos no sólo están en contra de meter a los empresarios en el mismo saco que a los políticos sino que entienden que para tomar una decisión se tenía que haber esperado, por un lado, hasta que el Tribunal Supremo resuelva el recurso presentado por la Fiscalía y también por el PSPV, de cuyo resultado depende que Camps se siente en el banquillo. Y, por otro, que se levante el secreto de sumario de los alrededor de 50.000 folios de la instrucción de la operación Gürtel, cuyo contenido está todavía pendiente de conocerse. Así que la ofensiva judicial de Alarte y Luna, lejos de mantener prietas las filas socialistas, ha abierto un poco más las heridas entre los tres clanes que conviven en el PSPV: los afines a Alarte, el sector que respaldó a Ximo Puig en el último congreso de los socialistas valencianos y los seguidores de Leire Pajín, nucleados en la ejecutiva de Alicante.
En este sentido, Cierval, la patronal autonómica, mantuvo el tono de sus críticas a los socialistas por la querella. "No se puede desprestigiar a las empresas que están trabajando en un momento de crisis y por ello la patronal autonómica defiende la honorabilidad de todos los empresarios de la Comunidad", dijo el presidente de la entidad, Rafael Ferrando, para recalcar su posición contra la querella.