F. J. B.
Consell y empresarios iniciaron ayer una nueva etapa para exigir al Gobierno central la construcción del trasvase del Ebro como la única solución definitiva para los problemas de suministro hídrico de la Comunidad y, además, "motor" generador de empleo, ya que según aseguró ayer en Alicante el vicepresidente Juan Cotino, si la canalización estuviera en obras "actualmente estarían trabajando 50.000 personas de las que hoy están en el paro". Cotino firmó ayer junto a Coepa y el presidente de la patronal de la Comunidad Valenciana (Cierval), Rafael Ferrando, un convenio por el que Generalitat y empresarios han decidido crear un frente común para volver a reclamar el trasvase. La gran novedad en esta nueva etapa es la incorporación de los empresarios valencianos que hasta la fecha no tenían el trasvase como una cuestión importante de su agenda. Ayer, el propio Rafael Ferrando señaló tras la firma del convenio que "los empresarios estamos muy preocupados por buscar soluciones a los problemas y uno de ellos es que no hay alternativa a la derogación del trasvase del Ebro", en clara alusión a la desalación.
Como primera medida, el mismo equipo de profesores de la Universidad de Alicante que realizó un informe para defender la continuidad del Tajo-Segura elaborará ahora un informe para analizar cómo puede incidir el trasvase del Ebro en la generación de empleo. Los expertos sostienen que la llegada de 350 hm3 del trasvase a la Comunidad Valenciana solucionaría gran parte de los problemas ya que, incluso, permitiría suavizar la presión sobre los caudales del Júcar.
"En momentos de crisis, como el que ahora padecemos, siempre se plantea un impulso de la obra pública para paliar la situación; pero tenemos un Gobierno central que no ha querido ver esta situación. Para el Ejecutivo socialista esa crisis no ha existido nunca por lo que su actitud ha contribuido de manera directa a ella", denunció Cotino tras la firma del convenio.
El vicepresidente insistió en que la paralización del trasvase del Ebro ha tenido un importante coste para toda la Comunidad, no sólo desde el punto de vista hídrico, sino también para muchas familias. "Paralizar el trasvase provoca que mucha gente, más de 50.000 personas, estén en sus casas paradas, mientras que de estar ejecutándose el proyecto podrían estar trabajando", destacó Juan Cotino.
En este sentido, el responsable de la política hídrica del Consell avanzó que el estudio que realizará el profesor de la UA Joaquín Melgarejo "reflejará no sólo la cantidad de puestos de trabajo que de manera directa tendría la ejecución del trasvase del Ebro, sino que también se investigarán las expectativas de empleo para las zonas en las que se desarrollaría una obra de esta envergadura", explicó Cotino.
"Creemos que es muy importante que expertos realicen estudios científicos, como el que hemos encargado, sobre estos temas, para que avalen las propuestas del conjunto de la sociedad. Y es que el agua del Ebro ha sido, es y será una necesidad para la Comunidad Valenciana, y especialmente para la provincia de Alicante".
Tajo-Segura
Por su parte, el presidente de Murcia, Ramón Luis Varcárcel, transmitió ayer a la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa, que está dispuesto a hablar de trasvases de agua procedentes del Tajo Medio o del Ebro, le da "igual". Valcárcel agregó que los trasvases son un derecho adquirido tras muchos años y que es necesario transportar agua "de donde hay a donde no hay". En una reunión en la sede del Ministerio de Medio Ambiente en Madrid, Valcárcel explicó que se trató de "una reunión de trabajo", por lo que todavía no han alcanzado acuerdos. Cotino criticó también en Alicante, por su parte, que el Gobierno sólo haya aprobado trasvasar 45 hm3 en su última reunión.