Camps esquiva otra vez a las Cortes y evita los debates sobre el caso Gürtel hasta 2010

PERE ROSTOLL Francisco Camps ha decidido que mañana es el último debate sobre el caso Gürtel que concederá a la oposición... hasta 2010. Apenas 24 horas después de que los socialistas registraran la querella contra Camps con la que pretenden forzar una investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP, Rafael Blasco, en su debut como síndic popular en las Cortes, anunció a los representantes del PSPV y de Compromís que cuando finalice el pleno de esta semana ni el titular de la Generalitat ni tampoco los consellers volverán a someterse a ninguna sesión de control hasta el próximo mes de febrero, la misma fecha para que la que, como pronto, los populares pospusieron de nuevo la elección de Leire Pajín como senadora territorial por la Comunidad.
Rafael Blasco -en su estreno compaginando los cargos de conseller, portavoz parlamentario y estratega máximo del PP- trasladó a los socialistas, durante la reunión de la junta de síndics, una serie de cambios en el periodo de sesiones que convertirá los dos próximos plenos, ambos a celebrar durante este mes de noviembre, en sesiones monográficas para debatir las enmiendas a la totalidad de los presupuestos y de la ley de acompañamiento. El PP justificó la decisión, apuntó Blasco, para "dar mayor protagonismo al debate de presupuestos". El año pasado ambas sesiones se agruparon lo que habilitó una semana para que se mantuviera el control al Consell. Diciembre, como es habitual, se dedica en exclusiva al debate de las enmiendas parciales de las cuentas autonómicas para 2010.
Este año, sin embargo, la situación de Francisco Camps es diametralmente opuesta. Hace doce meses, las sesiones de control -el debate cara a cara con Ángel Luna y Mònica Oltra, los portavoces de la oposición- eran un paseo militar. Ahora, por contra, se han convertido en una incomodidad para el jefe del Consell. De hecho, todas sus comparecencias en las Cortes desde que estalló el caso Gürtel hace ahora nueve meses han estado marcadas por la supuesta vinculación de la Generalitat y del PP con la trama que lideraba Francisco Correa con Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, como delegado en Valencia. La modificación del calendario del hemiciclo autonómico y las vacaciones parlamentarias le han facilitado a Camps "borrarse" de las Cortes durante los próximos tres meses y, de esa manera, evitar los duros debates con los socialistas sobre el caso Gürtel, cuando el jefe del Consell está pendiente de que el Supremo decida sobre un recurso que le podría sentar en el banquillo y ahora también de la querella de los socialistas. El último trago para Camps será, de momento, mañana. Tanto los socialistas como Compromís -el grupo que comparten los diputados del Bloc e Iniciativa- le preguntarán al jefe del Consell sobre la situación institucional de la administración autonómica como consecuencia del caso Gürtel.
Rafael Blasco defendió la medida. "Camps ha comparecido ante estas Cortes más que ningún otro presidente en esta autonomía", aseveró. Para el socialista Ángel Luna, por contra, "no hay posibilidad de que la oposición controle al Gobierno valenciano. Luego se quejan de que acabamos en los juzgados", apostilló. El diputado de Compromís y líder del Bloc, Enric Morera, denunció el "bloqueo institucional" al que el PP somete a las Cortes y advirtió de que "la factoría Blasco ha comenzado a actuar", en referencia a la primera intervención del conseller como portavoz del PP para proponer una modificación del calendario parlamentario.
Una vez finalizado el pleno que arranca hoy, ni Camps ni los miembros de su Consell tendrán que comparecer, por tanto, para dar explicaciones sobre su gestión hasta febrero de 2010, mes en el que, en principio, el PP tiene previsto elegir a Leire Pajín como senadora territorial, un proceso que lleva paralizado desde mayo. Blasco, en un anuncio que el PP considera un gesto y los socialistas otro "retraso incomprensible", aseguró que Pajín será elegida cuando arranque el próximo periodo de sesiones y reconoció que la número tres socialista no tiene obligación de someterse al examen de valencianidad. El síndic del PP también trasladó a 2010 el futuro de la comisión sobre la financiación de los partidos mientras la oposición mantenga su negativa a participar.