El PSPV incluye a la cúpula del PP y a cinco constructoras en la querella del caso Gürtel

PERE ROSTOLL Los socialistas consumaron ayer la amenaza que desde hace varias semanas estaba sobre la mesa para reactivar la ramificación valenciana del caso Gürtel con el registro en el TSJ de una querella con la que intentan forzar una investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP. El PSPV incluye en la denuncia a 17 personas, entre las que figuran la cúpula de los populares valencianos y del Consell -Camps, Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra; la tesorera del PP, Yolanda García Santos; Pedro García, ex director de Canal 9; y la secretaria de la Sociedad de Promoción Estratégica, Dora Ibars-; los principales responsables de la red Gürtel y de Orange Market, la franquicia valenciana de la trama: Francisco Correa, El Bigotes, Pablo Crespo, Cándido Herero y José Luis Izquierdo, contable de la red; y cinco constructores, entre ellos, el alicantino Enrique Ortiz y los dirigentes de las empresas Facsa, PIAF, Sedesa -grupo ligado a la familia del vicepresidente Juan Cotino- y Lubasa, todas ellas contratistas de la Generalitat.

La querella -consultable de forma íntegra en www.diarioinformacion.es- se centra, fundamentalmente, en el informe policial de la Unidad de Blanqueo de Capitales, en el que se detalla el funcionamiento de una trama que supuestamente financiaba al PP a través de la empresa de El Bigotes con pagos en dinero negro y el endoso de facturas de actos organizados por los populares a constructoras con contratos del Consell; y en un segundo informe sobre el presunto desvío de un millón de euros a la red Gürtel a través de una contrata de Televisión Valenciana vinculada a la retransmisión de la visita del Papa a Valencia. También se adjunta como prueba la memoria de la Sindicatura de Comptes en la que se analiza la gestión de la Generalitat en 2006. Los socialistas consideran que los querellados -la cúpula del PPCV con Camps a la cabeza, los dirigentes de la red Gürtel y los empresarios- podrían haber incurrido hasta en siete presuntos delitos: cohecho, malversación, falsedad, financiación irregular, prevaricación, alteración contable y delito fiscal.

La denuncia atribuye a Ricardo Costa el papel de canalizar los pagos en dinero negro a la trama; a Vicente Rambla, desde su puesto como vicepresidente del Consell, el control de las adjudicaciones públicas que recibían las empresas de la red y las sociedades a las que se facturaban los actos del PP; David Serra, vicesecretario general y, siempre según los socialistas, que se encargaba de eliminar determinados conceptos, de preparar los talones y de fijar con El Bigotes la cifra global a abonar; Yolanda García Santos, tesorera del PP, era la responsable de librar los fondos a indicación, apunta la querella, de Ricardo Costa; y Francisco Camps sería el máximo responsable.

Finalmente, el criterio de los principales colaboradores de Jorge Alarte se ha impuesto y en la denuncia, a pesar de las presiones, también figuran los constructores a los que la Unidad de Blanqueo de Capitales apunta como supuestos financiadores del PP de la Comunidad. Ángel Luna, el síndic socialista en las Cortes, explicó que "no sería ni serio ni razonable" dejar fuera de la querella "a los autores de algunas de esas conductas que aparecen" en los citados informes ya que "cuando se reciben presiones ilegales hay que saber aguantarlas". Luna matizó que cuando llegue el momento de hacer la calificación de los delitos que se imputan a estas empresas "se puedan regular las consecuencias penales de estos hechos con el juego de los agravantes y los atenuantes".

Los socialistas solicitan al juez, además de la declaración de los diecisiete querellados y de los contratos de la Generalitat con las empresas de la red y de la constructoras -que habrían recibido adjudicaciones, según el PSPV, por unos mil millones desde 2005-, un total de veinte testificales entre las que figuran dirigentes del PP como Sonia Castedo, Mercedes Alonso, César Augusto Asencio, Antonio Ángel Hurtado, Miguel Peralta, Adela Pedrosa, José Císcar o Nuria Romeral, secretaria autonómica de Comunicación.