PACO CERDÁ
La imagen de la Comunidad Valenciana como paraíso de sol y playa se ha visto alterada en el panorama mediático español con una potente novedad: es también la tierra del chanchullo, el mangoneo y la corrupción. La emergencia nacional del caso Fabra y especialmente la trama Gürtel coronan un mar de fondo repleto de otros muchos asuntos turbios y ponen también de manifiesto la tolerancia que los ciudadanos muestran hacia estos comportamientos. En suma, un tumor que ya presenta metástasis.
El profesor de Ciencia Política Víctor Lapuente, del Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), asegura en un artículo que "las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político". "En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes pueden haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones", afirma Lapuente.
En cambio, la Generalitat ha nombrado a dedo a 29.023 empleados de su actual plantilla, lo que representa el 23,1% del total. Es decir: casi uno de cada cuatro empleados de la Generalitat ha sido contratado por libre designación, sin ser funcionario ni personal laboral elegido por una oposición o un proceso selectivo.
"Los empleados públicos con un horizonte laboral limitado por la incertidumbre de las próximas elecciones son más propensos a aceptar o solicitar sobornos a cambio de tratos de favor que los empleados públicos con un contrato estable", señala el profesor. De este modo, aparece un objetivo común para demasiada gente: ganar elecciones a toda costa para mantener cargos y sueldos, prebendas.
La tentación
La financiación de los partidos políticos es otro foco que alienta a la corrupción. Lo alerta Fernando Jiménez, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Murcia y experto en corrupción. "Mientras no se arregle de una forma realista la capacidad de los partidos para financiarse, seguirá flotando una nebulosa en torno a ellos que aprovecharán cuatro sinvergüenzas y cuatro recaudadores", explica Jiménez a este periódico. En este caso, la Comunidad no difiere del resto de España. Pero tal vez sí que se halla una particularidad en la respuesta social que suscita la corrupción. Según Carlos Flores, analista político y profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València, el sistema de partidos políticos valenciano influye en el bajo castigo social que está acompañando a los sonados casos de corrupción.
"En la Comunidad, las alternativas políticas son básicamente dos -recuerda Flores-. Y si el partido que representa a tu ideología se ve implicado en un caso de corrupción, resulta absurdo pensar que sólo por ello vas a cambiar tu ideología". En otros países con varias opciones dentro del mismo espectro ideológico, como en Alemania, es más posible el trasvase de votos.
La cuestión es, ¿cómo extirpar el tumor? Los profesores Flores y Jiménez coinciden en la necesidad de mejorar el sistema de financiación de los partidos y aumentar los controles judiciales y administrativos. Víctor Lapuente propone una solución complementaria, buscar mecanismos para seleccionar a los empleados públicos por sus méritos, sin que necesariamente tengan su plaza en propiedad. En este punto, recuerda que los dos países menos corruptos del mundo, Suecia y Nueva Zelanda, eliminaron hace años el estatus funcionarial.
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