Una ordenanza regulará la conservación de 6.000 edificios de más de 50 años

J. HERNÁNDEZ La Concejalía de Imagen Urbana, a través del Departamento de Conservación de Inmuebles, ultima una ordenanza para regular el mantenimiento, la conservación y las medidas de prevención de la estructura de las viviendas de la ciudad en cuya elaboración participan los colegios profesionales de arquitectos, aparejadores y administradores de fincas en representación de las comunidades de propietarios. Entre los ocho capítulos que tendrá la ordenanza, que entrará en vigor en 2010, destaca el relativo a la inspección técnica de inmuebles (IT), que obligará a revisar todos los edificios con más de 50 años, de los que en Alicante hay entre 5.000 y 6.000, con unas 18.000 viviendas. Entre los barrios susceptibles, el casco antiguo, la zona norte repleta de viviendas sociales de los años 50, distritos del Ensanche como Benalúa, y Carolinas.

La IT también puede afectar a edificios con menos años en los que se hayan apreciado patologías que pueden ser síntoma de daños o defectos estructurales, casos en los que "se recordará a los propietarios que deben repasar con un técnico competente el estado de fachada, cubierta, patios e instalaciones", explicó Oti García-Pertusa, responsable del departamento de Imagen Urbana.

La edil considera que en Alicante no hay razones para una alarma social tras el hundimiento de un inmueble en Mallorca que causó siete fallecidos porque "trabajamos para controlar todos los edificios en ruina". En este sentido, su conservación pasa por inspecciones y órdenes de ejecución de las obras necesarias para su mantenimiento o la demolición si hay riesgo grave; y por la prevención controlando de manera continua el estado del parque de inmuebles con los mecanismos de la ley, añadió. La ordenanza en trámite recogerá cómo hacer las inspecciones y la elaboración de un fichero de inmuebles. Esta norma se enmarca en las leyes estatal y autonómicas previas, y el Ayuntamiento la hará cumplir aunque su efectividad dependerá de los agentes implicados, "los arquitectos y aparejadores contribuyendo con dictámenes claros y concienzudos, y los administradores de fincas controlando el estado de los edificios y si hay ayudas para los propietarios informando cómo gestionarlas". La ordenanza regulará de forma coercitiva las sanciones a los propietarios por el incumplimiento de las revisiones, lo que significa que el expediente se levantará en cuanto se inicien las obras.

Actualmente cuando un edificio presenta riesgo, el Ayuntamiento conmina al propietario a "eliminarlo" y si no lo hace, el Consistorio ejecuta la demolición y después se traslada el expediente al área de Economía y Hacienda para que cobre el importe al dueño, pasando en última instancia a Suma, por lo que "el gasto se recupera". En los próximos días García-Pertusa firmará el decreto de demolición de cinco inmuebles, todos desalojados, en muy mal estado o con riesgo para los transeúntes, de ellos dos chalés en avenida Costablanca 20, delante de Bahía de los Pinos; San Juan 35, en el Casco Antiguo; Asunción 46, en Santo Domingo; Madrid 39, en el Raval Roig, y Bailén 6, cerca del Portal de Elche, un edificio que fue invadido por okupas. En diciembre se demolerá el inmueble de San Vicente 30 en Villafranqueza, donde también iban a tirar el de Santa Catalina 19, aunque finalmente lo asume el propietario.