S. ESCRIBANO
egociar con los abogados para que el acusado se conforme con la pena antes de llegar a juicio y así reducir en un 40% las vistas penales. Este es el objetivo de los tres fiscales que han sido designados para asumir esta tarea en la Audiencia así como en los juzgados de lo penal de la capital y Benidorm a partir del lunes, cuando la Fiscalía Provincial y el Colegio de Abogados de Alicante firmarán el convenio para articular este sistema. La previsión del fiscal jefe, Juan Carlos López Coig, es que esta medida se extienda a toda la provincia, con lo que cada año se podrán evitar 15.000 desplazamientos de testigos que ya no tendrán que declarar. Y es que el único que tendrá que acudir al juzgado será el procesado para ratificar su conformidad pactada con anterioridad.
En la Audiencia esta tarea la asumirá el teniente fiscal José Antonio Romero, mientras que en el Palacio de Justicia de Benalúa lo hará el coordinador y también delegado antimafia José Llor. En Benidorm, la encargada de llevar a la práctica el sistema de conformidades será la jefa de área, Lourdes Giménez-Pericás.
El protocolo a firmar contempla que los letrados que tengan interés en alcanzar un acuerdo para beneficiarse de una rebaja en la pena por cualquier delito a juzgar en las salas penales, podrán contactar con los fiscales de conformidad mediante correo electrónico o telefónicamente para concertar una cita en la que el letrado, el representante del ministerio público y el acusado elaborarán un escrito de acusación conjunto que será remitido al juez. Puesto que el procesado ya ha aceptado los hechos que se le imputan y la pena que se le solicita, el magistrado únicamente le citará a él y a su abogado para que ratifique su conformidad. López Coig explica que así en quince minutos podrían resolverse cinco asuntos.
Ahora mismo, la gran mayoría de los acuerdos se cierra el mismo día de juicio, pocos minutos antes de la vista, cuando todos los testigos han sido citados. Con un acuerdo previo se evitará que tengan que desplazarse y aligerar la actividad judicial.