Un tercio del gasto en suministro a hospitales se va en pagar intereses

REGINA LAGUNA L?a Conselleria de Sanidad tiene que añadir a su presupuesto un tercio más de lo previsto para cumplir las condenas de abono de los intereses de demora por facturas pagada con atraso, de los intereses legales y de los intereses sobre los intereses. A esta rueda infinita de recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya se han acostumbrado desde los grandes laboratorios farmacéuticos hasta los pequeños proveedores hospitalarios de la sanidad pública.
En concreto, las últimas 579 sentencias condenatorias para la Generalitat Valenciana, dictadas entre 2006 y julio de 2009, suman un total de 413.221.016 euros. De esta cifra, 332.265.631 euros obedecen a facturas impagadas, es decir, que la conselleria aún debía a las empresas suministradoras de medicamentos y material quirúrgico. Mientras que el resto, 80.955.508 euros corresponden al pago de intereses de demora por el pago tardío de otras facturas anteriores, ya que desde 1995 la Generalitat dejó de pagar con regularidad.
Pero, a lo que en un principio fueron impagos a empresas de medicamentos o material quirúrgico, se ha ido sumando cualquier otro tipo de servicio, como reformas por obras, servicios del plan de choque por la "gestión de servicios públicos mediante conciertos y otras prestaciones" por parte de la sanidad privada o la limpieza de hospitales. Por ejemplo, entre las últimas condenas, destacan los cuatro millones de euros en intereses que habrá que pagar por no abonar a tiempo las exploraciones radiológicas derivadas a una empresa.
El alto tribunal ha reconocido a través de casi 600 sentencias que el sistema de suministros hospitalarios a la Conselleria de Sanidad no cumple el procedimiento de licitación y adjudicación marcado por la Ley de Contratación Pública. Mientras, la conselleria mantiene que es "imposible" cumplir la ley de contratos en un 5% de los casos por el gran volumen de compromisos de pago pendientes y la rapidez que se requiere. Sanidad también rechaza el "enriquecimiento injusto" que le achaca una sentencia del TSJ.