La dirección nacional del PP liquida a Costa y desautoriza a Camps

PERE ROSTOLL ARicardo Costa le retiraron ayer el carné del PP. Génova cerró de forma fulminante el debate sobre su continuidad como secretario general de los populares valencianos con una doble decisión: suspenderle de militancia y abrirle un expediente disciplinario previo a una posible expulsión. Una medida que se tomó después de que el hasta ahora número dos de Francisco Camps en el partido, en unas declaraciones que realizó tras regresar a su escaño de las Cortes, continuara autoproclamándose todavía como secretario regional del PP. La maniobra es una desautorización en toda regla para el titular de la Generalitat que tenía pactado rehabilitar políticamente a Costa con un nombramiento como conseller.
La decisión se conoció al filo de las tres de la tarde después de una reunión "urgente" del presidente y del secretario del comité de conflictos del PP, Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Argos, respectivamente. Tenían el mandato de su cúpula nacional -Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal- de liquidar definitivamente a Ricardo Costa, al que hace quince días Génova había apartado de la secretaría general. ¿La excusa? Costa retornaba ayer a las Cortes y, ya en los pasillos, concedió una declaración sin preguntas que era todo un desafío para Mariano Rajoy: o le abrían una investigación interna o, por el contrario, emplazaba a Madrid a defender su honradez.
"Yo he cumplido con mi compromiso de remitir mis declaraciones de renta, la acreditación de la compra de mi vehículo, la documentación de mi préstamo hipotecario, de mi póliza de crédito y un borrador de un informe sobre las cuentas del partido", explicó Ricardo Costa para, a continuación, lanzar un órdago en toda regla. "Si hay algún tipo de responsabilidad en mi gestión, que tome las medidas que considere oportunas desde el punto de vista estatutario o legal"; pero "si no es así, creo que, como secretario general, es importante que la dirección nacional ratifique la gestión del partido en estos años y también ponga en valor mi honradez como militante, como ciudadano y como secretario general". La pelota estaba en el tejado de Génova. Tardaría muy poco tiempo en ofrecer la respuesta.
En apenas diez líneas, el comité de derechos y garantías del PP despachó la suspensión de Costa y, no sólo al hilo de la situación del ex secretario general del PP sino también del conflicto de los populares en Madrid, recordó "a todos los militantes su obligación de abstenerse y de hacer manifestaciones o declaraciones que puedan perjudicar la imagen o disciplina interna del partido y advierte que, de producirse, aplicará los Estatutos del mismo". Al filo de las cinco de la tarde, Ricardo Costa ratificó a este periódico que "no me han notificado todavía nada".
Más allá del varapalo para el ex secretario general del PP, la decisión de Madrid es una desautorización para Camps. Dos razones. Primero, el miércoles por la noche, el jefe del Consell y Costa mantuvieron un encuentro en el que ambos pactaron que el ya ex secretario del PP se rehabilitaría como miembro del Gobierno y que dirigiría una conselleria con competencias en relaciones institucionales y proyección exterior. Génova estaba radicalmente en contra de esa posibilidad y, por eso, actuó de inmediato. Y segundo, estatutariamente sólo había tres formas de que Costa dejara la secretaria del PP. Con su propia dimisión, algo que no se iba a producir; por decisión de Camps, lo que tampoco se ha dado; y por una suspensión de militancia, el camino que, ante la inacción del jefe del Consell, ha tenido que tomar Rajoy y De Cospedal.