J. E. M.
Además de contribuir al adecentamiento de la imagen urbana de Alicante, el acuerdo otorga a los juzgados de la provincia una vía más para que se cumplan las condenas a trabajos comunitarios por delitos de tráfico, que han aumentado un 300% en los dos últimos años, según indicó ayer el presidente de la Audiencia, Vicente Magro.
"Más allá de pagar la multa y de la retirada del carné de conducir", explicó Magro, "siempre es interesante que un penado sienta el castigo del derecho y haga frente a otro tipo de pena más resocializadora". El presidente de la Audiencia expresó su satisfacción por la decisión del Ayuntamiento de asumir la propuesta que le trasladó a los concejales Andrés Llorens y Juan Seva.
Desde la última reforma del Código Penal en 2005, las condenas a trabajos en beneficio de la comunidad son preceptivas para aquellos delitos de tráfico como las alcoholemias sin resultado de muerte, que llevan aparejada también la multa y retirada del permiso de conducción. Buena parte de esos trabajos comunitarios, que prescriben en cinco años, están pendientes de cumplimiento, "pero la situación también ha mejorado considerablemente en los últimos meses", precisó Magro, "gracias a los acuerdos con muchos ayuntamientos de la provincia y con la Diputación". También ha sido clave la decisión del Ministerio del Interior de comienzos de este año de asumir el coste de los seguros sociales de los penados, que anteriormente corrían por cuenta de los consistorios.