P. ROSTOLL
i César Augusto Asencio ni tampoco Rafael Maluenda. La primera consecuencia de la reunión de los tres barones territoriales del PP -Carlos Fabra, Alfonso Rus y Joaquín Ripoll- ya quedó evidenciada ayer durante la reunión extraordinaria y urgente de la dirección de los populares en Alicante: no se acepta ni el nombramiento unilateral de Asencio como secretario general del PP ni tampoco el de Maluenda como síndic en las Cortes. Y, además, la cúpula popular en la provincia quiere una solución pactada que se traducirá, antes del mes de diciembre, en una propuesta de consenso con las organizaciones territoriales de Valencia y Castellón para cubrir tanto el puesto de "número dos" de la cúpula regional como la dirección del grupo parlamentario popular.
Joaquín Ripoll fijó el encuentro, al margen de para validar el relevo de Carlos Mazón tras su fichaje por la Cámara de Comercio, con la intención de informar, de forma detallada, a los miembros de la dirección provincial del PP de la cronología de los últimos quince días vividos por el partido y de la reunión que el jueves mantuvo con Fabra y Rus. Fue Mónica Lorente, la número dos de los populares alicantinos, la que asumió el protagonismo. Dejó claro que el PP de Alicante veta tanto a Asencio como a Maluenda, ambos de la provincia pero alineados contra Ripoll en la lucha interna que vive el partido, y que tiene que surgir una propuesta "definitiva", consensuada "por todos" y "a más tardar para el mes de diciembre".
"Evidentemente, no", dijo con rotundidad Lorente cuando fue preguntada por el respaldo que Asencio y Maluenda tienen en el PP de Alicante. "Dentro de poco -continuó la también alcaldesa de Orihuela- se dará a conocer una propuesta para ocupar la secretaría general. Si se producen estas reuniones es porque se está intentando consensuar una propuesta de todos", apuntó Lorente que, sobre el puesto de síndic en las Cortes, explicó que es una cuestión del grupo pero "que debe ser sometido y darse cuenta en una ejecutiva. Que se dé cuenta". "Ese recambio del secretario general tiene que ser definitivo, de todos y aprobado por todos", subrayó Lorente antes de apostillar que "a día de hoy no podemos estar sin secretario general, tiene que haber una propuesta, tiene que ser de todos, tiene que ser de las tres provincias y sobre todo tiene que ser discutida y votada en el seno de una ejecutiva regional".
Nadie replicó a Ripoll durante la reunión de la dirección del PP de Alicante. Y eso que al encuentro asistió algún destacado campista como el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano. Pero ninguno se atrevió a enmendar la plana al responsable de los populares alicantinos, muy reforzado por su postura ante el caso Gürtel, con línea directa con Génova y que en diciembre exhibirá su poder con un acto conmemorativo de su victoria en el congreso provincial del PP de hace un año. No hubo referencias directas a la situación Camps. Incluso, de puertas para afuera, la cúpula alicantina del PP no cuestionó el comunicado emitido el domingo desde Valencia en el que, teóricamente, los tres presidentes provinciales daban apoyo al titular del Consell. "No se tiene validar ni autorizar nada, ya que todas las direcciones del partido son conocedoras de estos encuentros, de este comunicado y si no ha sido desmentido, es que es un comunicado de todos", apuntó Lorente sobre un escrito al que Ripoll no dio demasiada importancia durante la convocatoria.
Y todo ello a pesar de que fue una nota, en cierta medida, impuesta. Sólo Ripoll y Fabra conocían que se iba a emitir ese comunicado pero no se les informó del contenido exacto. A Alfonso Rus ni siquiera se lo dijeron. "Hay confianza en alguien hasta que se pierde", apuntó de forma gráfica un alto dirigente del PP de Alicante. Más allá de ese comunicado, la posición que tomó ayer Joaquín Ripoll y su intento de pactar con las organizaciones de Valencia y Castellón una nueva propuesta para la secretaría generral del PP y la portavocía en las Cortes es un órdago para Camps: supone, en la práctica y a expensas de lo que ocurra en los tribunales, una clara desautorización.
