Los ayuntamientos deberán pagar los desvíos de servicios afectados por obras autonómicas

L. BALLESTER / J. RUIZ La Generalitat cobrará a los ayuntamientos, a partir de enero, por los desvíos de servicios públicos (electricidad, gas, agua, teléfono o similares) que tenga que realizar al ejecutar obras que impulse la Conselleria de Infraestructuras y Transportes. La medida se incluye en la conocida como "ley de acompañamiento de los presupuestos" que, previsiblemente, aprobará el PP en solitario, y que entrará en vigor el próximo 1 de enero por lo que afectará a las obras que se inicien a partir de esta fecha.
El departamento que dirige Mario Flores pretende ahorrarse así parte del coste de las obras de su competencia (carreteras, metro, tranvía o puertos...) y repercutirlo en las maltrechas economías municipales. La medida también persigue atajar posibles abusos de algunos ayuntamientos que aprovechan la construcción de grandes infraestructuras para colar mejoras en las redes de servicios públicos esenciales o de interés general.
Infraestructuras no sólo se pone exigente con el coste, sino también con los plazos. Los ayuntamientos tendrán tres meses para entregar la información técnica sobre los desvíos de los servicios en suelo urbano o urbanizable. Según el texto, "En los estudios previos y proyectos de obras públicas que realice la Conselleria de Infraestructuras, los ayuntamientos estarán obligados a proporcionar a dicha conselleria (si ésta lo requiere) la información técnica procedente, los proyectos de reposiciones o cualesquiera otros datos o documentos que se estimen pertinentes respecto a las reposiciones de servicios públicos esenciales o de interés general".
La nueva obligación legal también dispara hacia las empresas suministradoras. "Tanto en fase de estudios previos y elaboración de proyectos como en la fase de ejecución de las obras públicas, las empresas distribuidoras o suministradoras de servicios públicos esenciales o de interés general tendrán la obligación de colaborar con la administración en los plazos establecidos en la ley", según prevé la Conselleria. Si la empresa hace caso omiso a cualquier requerimiento del departamento que ahora dirige Mario Flores, éste impondrá "multas coercitivas sucesivas de 500 euros cada una, por incumplimiento de cada requerimiento que se reciba". Si la actuación que se pide a la empresa la acabara ejecutando la Conselleria de Infraestructuras, ésta pasaría la factura a la mercantil desobediente.