El PSPV incluirá a Ortiz en la querella por la financiación del PP

P. ROSTOLL Los socialistas lo tienen muy claro: toda aquella actuación reflejada en el informe policial que destapa la presunta financiación ilegal del PP a través de la trama Gürtel de la que se pudiera derivar una actividad supuestamente delictiva tendrá reflejo en la querella, todavía en fase de redacción y que se prevé presentar la próxima semana, con la que el PSPV pretende forzar al TSJ a abrir un sumario sobre las aportaciones de fondos a las arcas populares. Y eso supone que la denuncia no sólo irá contra la cúpula del PP con Francisco Camps a la cabeza por la comisión de siete supuestos delitos; sino también contra las cinco constructoras, entre ellas la del empresario alicantino Enrique Ortiz, a las que la documentación de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía señala como presuntas financiadoras del Partido Popular.
La decisión está tomada y la admisión a trámite de la querella originaría un hecho inédito en la historia política de la Comunidad: una investigación judicial a la sazón contra políticos y empresarios por supuesta financiación ilegal de una formación política.
Enrique Ortiz es, de acuerdo al citado informe policial, uno de los empresarios que habrían financiado al PP a través de Orange Market, la filial valenciana de la trama de Correa que dirigía El Bigotes. Otros nombres que aparecen en el informe de la policía son los de Enrique Gimeno de Facsa; Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo Sedesa, la empresa de la familia del vicepresidente del Consell, Juan Cotino; y Luis Batalla de Lubasa.
En el trabajo de la Brigada de Blanqueo de Capitales se refleja que estas constructoras habrían contribuido a la financiación irregular del PP mediante el abono de facturas a Orange Market -la firma que controlaba El Bigotes- por servicios no prestados y que, en realidad, corresponderían a cantidades pendientes de pago por actos del PP que siempre eran adjudicados a la filial valenciana de la trama de Correa. Los socialistas entienden que, del informe policial, no sólo se derivaría la comisión de presuntos delitos por parte de políticos -a Camps, Ricardo Costa y Vicente Rambla, por ejemplo, el PSPV pedirá que sean investigados por siete supuestos delitos- sino también de los responsables empresariales, entre ellos, Enrique Ortiz. Por eso figurarán en la denuncia que los socialistas valencianos tendrán que presentar a través de la dirección del grupo parlamentario, que es el que tiene personalidad jurídica.
La entrada en escena del constructor alicantino dentro del supuesto entramado de financiación ilegal del PP no se produce hasta 2008 cuando, de acuerdo al informe policial, la doble contabilidad de la empresa de El Bigotes comienza a reflejar el nombre del propietario del grupo Cívica y uno de los mayores contratistas de obra pública con la Generalitat y con municipios bajo mando del PP. El informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal detalla cómo la empresa de El Bigotes facturó un total de 547.948 euros por actos del PP entre el 30 de enero de 2008 y el 9 de marzo. De ese importe se restan varias cantidades, entre las que destacan 100.000 euros, que supuestamente habría aportado el promotor.
La Policí?a deduce que la inscripción EO en la contabilidad son las siglas que se corresponderían con Enrique Ortiz, "que hace una entrega de 100.000 euros, cantidad que se podría corresponder con la factura emitida a Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, de fecha 6 de noviembre de 2008". En grabaciones incluidas en el informe policial también aparecen referencias al constructor.