El juicio por el atropello del tren a varios senderistas arranca en enero tras siete años del suceso

S. ESCRIBANO El 28 de septiembre se cumplieron siete años del fatídico atropello ferroviario en Aguamarga que segó la vida de un niño de 12 años, su madre y una tercera persona que realizaban una marcha nocturna por la vía con un grupo de senderistas. Tras una compleja investigación y las demoras propias del colapso judicial, los presuntos responsables de la tragedia -dos miembros de la Unión Excursionista de Elche, el factor de la estación de San Gabriel y el maquinista- se sentarán en el banquillo el próximo 18 de enero. La vista, que celebrará el juzgado de lo Penal 4 de Alicante, constará de once sesiones y se prolongará durante tres semanas debido a la larga lista de testigos.
Los hechos se remontan al año 2002, cuando la Unión Excursionista de Elche organizó una marcha nocturna de Alicante a Guardamar que partió desde el apeadero de San Gabriel. Los 147 participantes, entre niños y adultos, iniciaron su andadura por la vía tras ver pasar el tren de las 22.14 horas que aparecía en el folleto de cercanías que habían consultado. Sin embargo, nadie se cercioró del horario de los otros trenes de largo recorrido, según recoge el fiscal en su escrito de acusación. De esta forma, sobre las 22.40 horas, cuando el grupo caminaba por un puente estrecho por el que transcurría la vía se produjo la tragedia. Un tren procedente de Barcelona y con destino Murcia se topó en su camino con los senderistas y, aunque accionó el freno de emergencia, no pudo evitar arrollar a varios excursionistas.
El fiscal pide para los que fueran presidente y vocal de la Unión Excursionista una pena de tres años y medio de prisión, al considerar que no se cercioraron bien del horario de paso de los trenes y por permitir que los senderistas caminasen por el estrecho puente en el que fueron arrolladas mortalmente tres personas y resultaron heridas otras diez. El ministerio público también acusa al factor del apeadero de San Gabriel que presuntamente vio a los senderistas iniciar la marcha y no advirtió posteriormente al maquinista para prevenirle. Le pide dos años y medio de cárcel. Además, solicita una indemnización de 120.000 euros para cada fallecido y cantidades que oscilan entre los 450 euros y los 32.000.
En cuanto al maquinista, el fiscal sostiene que es inocente porque circulaba a una velocidad inferior a la permitida y que no se le puede reprochar su conducta penalmente. No obstante, la Unión Excursionista de Elche también le considera responsable al afirmar que debió frenar antes.