La querella del PSPV también iría contra las constructoras

F. A. / REDACCIÓN Serían inéditas en la historia política de la Comunidad, pero esas escenas se producirán si el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) admite la querella presentada por los socialistas valencianos, a través de la dirección del grupo parlamentario, que es el que tiene personalidad jurídica. La iniciativa del socialismo valenciano podría llevar a los máximos responsables de las cuatro constructoras señaladas como presuntas financiadoras del PP a tener que ir a declarar. Luis Batalla (Lubasa), Enrique Gimeno (de Facsa), Enrique Ortiz o Vicente Cotino -sobrino del vicepresidente del Consell y propietario de Sedesa- serían interrogados por el magistrado que lleve la causa, las acusaciones y las defensas. Los socialistas, apuntaron fuentes de la formación, irán contra las constructoras -la querella aún no está redactada- en el caso de que se derive un posible delito del contenido del informe policial que servirá de base a la denuncia.
Paralelamente a la presentación de la querella, el PSPV espera respuesta del TSJ de Madrid sobre la declinatoria que le presentaron en la que le solicitaban expresamente la remisión al tribunal homólogo valenciano de todos los documentos, pruebas, grabaciones o datos que tengan relación con protagonistas aforados valencianos, en algunos casos presentes en las 17.000 páginas del sumario cuyo secreto se levantó recientemente. Asimismo, el PSPV reclama el envío del informe de la policía judicial al TSJ valenciano. Ese documento fue entregado el pasado 31 de julio, además de al Supremo valenciano, a la Fiscalía y al TSJ madrileño. Una vez le llegue la querella socialista, el Alto Tribunal que preside Juan Luis de la Rúa deberá dar traslado, entre otros, al fiscal. Los socialistas, por su parte, protestaron ayer de nuevo por el bloqueo en la elección de Leire Pajín, que el PSPV atribuye al caso Gürtel.