El PP rechaza una ley contra el fraude en las adjudicaciones de la Generalitat

P. R. F. Los efectos del caso Gürtel monopolizaron ayer un pleno de las Cortes en el que el PP rechazó la creación, por ley y a propuesta de Compromís, de un organismo contra el fraude en las adjudicaciones del Consell -origen de la ramificación valenciana de la trama con los contratos otorgados a Orange Market, la empresa de El Bigotes y franquicia de la red en la Comunidad-; pero, por contra, impuso sin consenso la creación de una comisión parlamentaria -que tendrá un mandato temporal más amplio que la que analizó el mayor accidente de metro de la historia de España con 43 muertos- que, en la práctica, servirá para reclamar las cuentas de los socialistas y de Compromís, el grupo que comparten los diputados del Bloc e Iniciativa. La oposición ya anunció que no acudirá a una comisión que considera un "sainete".
A la espera de que Camps vuelva hoy a comparecer en las Cortes en una sesión de control tras cinco meses de ausencia, las intervenciones se desarrollaron en un tono duro y tenso e, incluso, con acusaciones cruzadas y amenaza de querellas. Los populares ni siquiera subieron a la tribuna para defender su negativa a la creación de un organismo que evite casos como el de las contratas de la Generalitat con la empresa de El Bigotes. Tanto la diputada de Compromís Mireia Mollà, autora de la iniciativa, como el socialista Ximo Puig no sólo apuntaron a Orange Market sino también a las mercantiles -en su mayoría firmas dedicadas a la construcción- que figuran en el informe policial en el que se destapa una posible trama de financiación irregular del PP. La iniciativa, que se debatía 24 horas después del anuncio de los socialistas de presentar una querella en la que denuncia a Camps y a otros cuatro altos cargos del PP por siete supuestos delitos en un intento de forzar una investigación sobre la presunta financiación irregular del PP, también proponía instar al Gobierno valenciano a informar sobre los procedimientos de contratación y encargar una auditoría externa de las contrataciones efectuadas desde 1999 con las empresas mencionadas en el citado informe policial. "Ningún partido ni gobierno que no tenga algo que esconder opta por mirar hacia otro lado. Frente al esfuerzo que los ciudadanos están haciendo para salir de la crisis, a ustedes les regalan día tras día ese entramado corrupto, más fechorías, más desviaciones de fondos públicos, más financiación irregular y mas caradura, en definitiva", aseveró la diputada Mireia Mollà durante la defensa de su propuesta.
Era sólo el aperitivo del duro intercambio entre el nuevo secretario general del PP, César Augusto Asencio, y el síndic socialista, Ángel Luna, a cuenta de la creación de una comisión de investigación sobre las cuentas de los partidos -que se constituirá únicamente a propuesta de los populares y en la que el PSPV no tomará parte- con la que la formación de Francisco Camps trata de extender la sospecha, al menos así lo entiende la oposición, sobre la financiación de todas las fuerzas políticas para, de esa manera, echar tierra sobre la investigación que puede salpicar al PP. Asencio, que se estrenaba como número dos del PP, defendió las contrataciones de la Generalitat lo que le enfrentó a gritos de "¡Que vuelva Costa!" desde la bancada socialista y cuestionó el informe de Policía "de Rubalcaba" sobre la financiación popular que, dijo, está "constituido por trozos, como el monstruo de Frankenstein". Asencio llegó a argumentar que "sabiendo que Rubalcaba y el PSOE están por el medio y que en su día fueron capaces de organizar un crimen de Estado como el GAL y de robar los fondos públicos, entonces son capaces de un informe de estas características".
Ángel Luna recordó que el PSPV ya pidió una comisión de investigación -rechazada por el PP en la Mesa de las Cortes- con los contratos públicos de la Generalitat y leyó conversaciones telefónicas transcritas en el informe de la Policía en la que se aludía a la mujer de Camps, lo que provocó la protesta desde los escaños populares. El portavoz del PSPV consideró "increíble" que César Augusto Asencio quiera "pedir excusas por los GAL quien ha negado el Holocausto", en alusión a la carta firmada hace tres décadas por el alcalde de Crevillent en la que negaba la exterminación del pueblo judío a manos de los nazis. Asencio lamentó que Ángel Luna "no respetara a un menor de 17 hace 30 años" a lo que el síndic socialista le replicó que, con esa edad, él "luchaba por las libertades de este país".